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| Imagen tomada de Google.com |
El día que se aprobó la reforma judicial (RJ) en México, vestí de luto. Literalmente con ropa negra de pies a cabeza. Y así acudí a impartir clase a los alumnos universitarios, con quienes compartía no solo la postura personal sino el alcance legal que implicaba. La idea, como siempre, es y ha sido que ellos lean, se ilustren y decidan. ¿Se requería una reforma judicial? Absolutamente sí, sobre todo en transparencia, rendición de cuentas y carrera judicial. El asunto es que aprovecharon el momento y el mayoriteo legislativo arrebatado.
Cabe recordar que para toda reforma se precisa identificar y proyectar los cambios favorables y resultados que la justifiquen así como los costes electorales y de ejecución, so pena de lesionar tanto a las propias finanzas del Estado como de la sociedad y otros sectores. Sencillamente no se llevó a cabo este análisis. Existe una reducción presupuestaria que huele a ello.
Los procesos federales y locales para llegar a la boleta electoral han sido azarosos, con opacidad y decididamente faltos hasta de sentido común en la acepción más pura de justicia. La RJ asesinó la carrera judicial. Nada ha valido. El capricho institucional arrastra a las huestes de donde sea que provengan siempre y cuando voten el uno de junio como si con ello se garantizara una impartición de justicia impoluta. Como si el dos de junio una nueva luz iluminara al poder judicial y lo invistiera de una pureza intelectual a reverenciar.
El aparato institucional trata de validar la reforma judicial con los resultados de esta votación porque sencillamente la teoría del Derecho les quedó grande y optan por el populismo. Se busca legitimar lo que de origen ha sido ilegítimo.
No votaré el uno de junio y aunque estoy cierta que esta omisión no hará tambalear el malhadado proceso electoral judicial, estaré de alguna manera tranquila por actuar acorde a mis principios y no a intereses ajenos o de conveniencia personal. Este proceso en el fondo obedece a caprichos, en la forma carece de sentido y en los hechos habremos de pagar muy caro.
Hemos observado con los jirones de asombro que nos quedan, cómo es que se han postulado candidatos/as cuya nula o escasa experiencia y probidad distan de lo mínimamente deseable para la envergadura de las responsabilidades que se les avecina. Con sendas sonrisas y atropellados discursos tratan de granjear simpatías, de vender su número en la boleta, de posicionar una pulcritud profesional que desconocen mas allá de la pose y el verbo.
Justo es reconocer que otros sí poseen esa experiencia y solidez jurídica; los que se vieron obligados a salir a las calles porque no quedaba de otra. Cientos de carreras dentro del aparato judicial no pueden arrojarse a la basura. Andan por ahí avergonzados, tratando de justificar su participación, mostrando timidez, con una cortedad de palabra claramente justificable porque sus perfiles no se han construido en las urnas, ni en los cafés políticos, sino en los expedientes que exigen disciplina, concentración, intelecto, técnica y reflexión.
Así, quien se vea favorecido en las urnas tendrá que pensarlo dos veces. O tres. O más. Aquí no se trata de cargos administrativos en los que la capacidad y conocimiento tienen una curva de aprendizaje, que de cualquier forma resulta absolutamente inadmisible. Aquí se trata de juicios, expedientes, acuerdos, resoluciones y un sinnúmero de actuaciones judiciales que precisan conocimiento y técnica jurídica que evidentemente no se obtiene con votos.
El capricho por derrocar al poder judicial, en su absoluta soberbia no ha considerado a otros actores en esta veleidosa reforma: los abogados postulantes, los que participan activa y responsablemente como representantes legales de las partes y las partes mismas. Los que no admiten ni permiten incapacidades de quienes tienen el encargo de impartir justicia sin demora, sin negligencia, ineptitudes o actos dilatorios que se puedan justificar con la simple palabra porque lo que está en juego es la libertad, la persona, sus bienes, derechos y obligaciones. Son ellos quienes darán la pelea desde los estrados, juzgados y tribunales. Pero su trabajo no es gratuito y la carga económica de prolongados juicios será para las partes. La gran paradoja de esta reforma judicial es que al final los ciudadanos pagaremos lo que nunca debió ser y que nos anuncian como logro del pueblo bueno y noble.
Hay un lugar reservado en el infierno para quienes pretendan aprovechar esta oleada absurda de la reforma judicial para escalar a cargos para los cuales no tienen ninguna capacidad ni experiencia así como para aquellos que andan auspiciando a quienes nada tienen que aportar a un régimen de Derecho, de impartición de justicia, resolución de conflictos y la protección de los Derechos Humanos.
