Cuando Andrés Manuel López Obrador, hoy pre
candidato de MORENA a la presidencia de la república, declaró que estaba
analizando el otorgar amnistía a líderes de cárteles[1]
una enorme avalancha de críticas se le vino encima. Muy pocos tomaron nota de su declaración a
renglón seguido de utilizar este medio
jurídico como vía para pacificar a una nación que está siendo golpeada por los
cárteles.
Copio una parte de sus palabras
textuales: " Si es
necesario...vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre
y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las
víctimas. No descartamos el perdón... Yo
sí creo que no hay que olvidar, pero si se debe perdonar, si está de por medio
la paz y la tranquilidad de todo el pueblo".
La posible propuesta de López Obrador implica en
palabras llanas la posibilidad de olvido legal por la comisión de ciertos delitos
en cierto tiempo y lugar.
El antecedente más cercano es la Ley de Amnistía
que promulgó Carlos Salinas de Gortari el 22 de enero de 1994[2]
otorgada en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado
o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal por
los delitos cometidos por hechos de violencia o que estén relacionados
suscitados e municipios de Chiapas del día primero de enero de 1994 al 20 de
ese mismo mes y año, a las quince horas. Para la ejecución de la ley se previno
la creación de una Comisión Coordinadora.
La indicada ley condiciona la amnistía a la entrega
de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos
empleados en la realización de los delitos; extingue las acciones penales y las
sanciones impuestas por los delitos que comprende pero deja subsistente la
responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.
El caso Chiapas en 1994 fue conocido como
levantamiento zapatista, una rebelión que duró doce días y que fue abanderado
por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se demandaba tierra,
trabajo, vivienda, justicia, paz, asistencia sanitaria.
La Ley de Amnistía, como es de verse, atacó
las consecuencias pero no las causas. Chiapas sigue siendo una de las entidades
más pobres de México con un rezago económico visible en los 118 municipios. En el caso que plantea López Obrador quedan
muchas preguntas por responder. ¿La amnistía sería solo para quienes trafican? ¿Y
si han participado en otros delitos?
¿Que pasa con las miles de víctimas inocentes?
José Antonio Meade sorprendentemente plantea
ir por los recursos del crimen organizado[3] centrando la inteligencia gubernamental bajo
esquemas de modificación y actualización de las instituciones. A pregunta
expresa respondió que a juzgar por las cifras oficiales está probado que en mas
de una década no ha dado resultados positivos el uso de la estrategia de
combate frontal a la delincuencia y al narcotráfico.
Una declaración y
postura ciertamente inusual. Recordé el bestseller de Tom Wainweight,
Narconomics, cómo administrar un cártel de drogas (Random House, 2016), a
partir de un amplio estudio de estrategias de corporaciones como Coca-Cola,
McDonalds y Walmart. El libro distribuido en 10 capítulos aborda temas desde la
cadena de suministro de la cocaína, la competencia, relaciones públicas, las
franquicias, innovación y diversificación,
con la sugerencia de que sean los
economistas los que ejerzan actividad de policía en la materia porque de lo que
se trata es pegarle a un negocio altamente especializado. Y pegarle al dinero
es pegarle al capital conque operan.
De una singular
forma plantea que el combate al narcotráfico no debe ser a partir de la oferta
sino de la demanda. Wainweight ejemplifica indicando que de existir una
política que logre disuadir a las personas de consumir drogas acompañado con
opciones de mejores instalaciones recreativas para los adolescentes,
rehabilitación para los adictos, etcétera, la demanda baja y por tanto la
oferta baja. Si cae el consumo, caen los precios con la consecuente reducción
en el mercado criminal. Al contrario,
al atacar el suministro se elevan los precios y tiende a reducirse el consumo,
pero la ganancia de los criminales sigue igual porque los costos al consumidor
se elevan. Atacar la demanda implica
reducir ambos.
Algunos afirman que
la amnistía que propone López Obrador representa en el fondo una política de denegación de justicia. Tal vez así sea, pero es de reconocer también
que han habido amnistías de facto y a esas los ciudadanos les tenemos mayor
reserva por la impunidad que conllevan. Léase casos de ex gobernadores, ex funcionarios públicos que andan
campantes por la vida. Si vamos a escandalizarnos, que sea con congruencia.
Tanto la amnistía
como el choque frontal a las finanzas del crimen organizado requieren
concienzudos análisis más allá del discurso o de las buenas intenciones.
Dos posturas que
vale la pena analizar a la luz de lo jurídico y de lo social.
