La otra cara de la muerte

Ni siquiera habré de referirme a México, sino a Sonora en concreto. ¿Cuántos homicidios ha habido este año? Muchos… y los que siguen. La causa principal ha sido relacionada con el narcotráfico, lo cual no causa asombro alguno. Y he ahí el problema.

Que haya narcotráfico no es novedad, lo que de ninguna manera provoca conformidad y menos aun tranquilidad; lo que causa inquietud es que perdamos la capacidad de asombro ante tanto sacrificio humano. La vida es el valor supremo del individuo y por lo tanto el Estado debe garantizar su protección jurídica y material. ¿Cómo lograr que las personas tengan posibilidades reales y les brinde confianza para emprender, hacer, promover y buscar su desarrollo personal y comunitario?

A pesar de los esfuerzos –se reconocen- del gobierno, lo cierto es que no existe una estrategia definida y con rumbo al respecto. Se combate al delito pero muy poco se hace respecto a su prevención. ¿Acaso el orden público no es la condición necesaria para evitar sociedades desordenadas, anárquicas y gobernadas por el caos? ¿Cuántos municipios “viven” ya en esta situación? También muchos. Comunidades enteras que no entienden –porque no hay cómo- que el Estado (Federación-Estado-Municipio) olímpicamente los ha dejado al garete, ignorando el mandato constitucional de ser garante de la seguridad pública, el bienestar social y la integridad de las personas.

Me pregunto entonces cómo esperamos tener sociedades en desarrollo/desarrolladas. Atacar la delincuencia reprimiendo y sancionando a los delincuentes resulta parca actividad por sí misma. El delito es el resultado de un problema social mayor que debe atenderse en amplia dimensión. Claro que no es tarea fácil pero sí estratégica en el verdadero combate al narcotráfico y demás delitos que tanto nos agobian y laceran día a día la paz y tranquilidad social.

Prevención y vigilancia son dos funciones que por principio atañen a las corporaciones policiales. Dicho sea de paso, el patrullaje cotidiano va mas allá de recorrer calles y acumular kilómetros por turno. Implica una labor estudiada, firme, responsable y cuidadosa. Debe abarcar incluso el análisis detallado de cada sector vigilado, áreas en conflicto y demás cuestiones inherentes a ello. Portar un uniforme es asumir un compromiso, no un poder.

Mal haríamos en atribuirle toda la carga al gobierno. Queda a nosotros los ciudadanos integrarnos en esta acción que a todos nos incumbe. Nuestra colaboración se puede dar en muchos sentidos, desde la denuncia (no muy popular por cierto) hasta la participación activa formulando propuestas y sugerencias a los ayuntamientos particularmente, que es el ámbito más cercano a la población.

En este aspecto creo que ya es hora para que las direcciones de seguridad pública locales rindan informes por separado y periódicamente. Nos hemos acostumbrado (la ley así lo previene) a que sea el Ayuntamiento por conducto del presidente municipal quien aborde el tema en su informe anual. ¡Que bien sería que cada cierto tiempo las corporaciones policiacas hicieran lo propio! Dar la cara a la sociedad no es lo mismo que enviar hojas y hojas de informes que escasamente conocemos.

En estos tiempos que vivimos, toda acción gubernamental debe por ley y por conciencia ser transparente y certera. Veraz y correcta. Eficiente y eficaz en sus resultados. Si el rubro de seguridad pública es de vital trascendencia, ¿Qué impide la rendición de cuentas? Nada. ¿Qué se gana? Mucho. Para empezar, generaría confianza en aquellas autoridades que cumplan cabalmente su función o bien se corrigen rumbos y acciones. Se ganaría respeto, que tanta falta les hace por cierto.

Por otra parte queda la triste posibilidad de resignamos a que engrosen las filas de la muerte civil y de lo social para convertirnos en pueblos fantasmas, retraídos en el subdesarrollo y por ende plagada de delincuencia, malviviendo como simples testigos de otras que sí se atrevieron a dar el paso para convertirse en comunidades fuertes ampliamente desarrolladas en lo político, social, económico y productivo.

La opción la tenemos.

La Autonomía Universitaria. Pagando cuotas sociales.

Recientemente tuve oportunidad de asistir a un congreso internacional de la Asociación de Facultades, Escuelas e Instituciones de Derecho en América Latina (AFEIDAL) en Cartagena de Indias, Colombia.

Reencontrarme con compañeros universitarios de Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Argentina, Colombia y México, ha sido como siempre una experiencia por demás agradable. Compartir y departir con ellos durante cuatro días resulta enriquecedor tanto en el ámbito netamente académico como el de dirección. Las charlas –a veces formales y otras no tanto- se generan en cualquier lugar: desde la tribuna, las mesas de trabajo o en el desayuno. Tal vez sea en el comedor o bien el lobby del hotel. Campea el intercambio de programas, proyectos y experiencias con los profesores, los estudiantes y la interacción social comunitaria que se presenta en cada rincón de los países participantes. Como en otras ocasiones que nos hemos reunido, se plantea un tema a tratar y en esta ocasión fue la autonomía universitaria.

Cuando leí la convocatoria, el tema me pareció de entrada trillado. Pero al modo de quien esto escribe, quedo pensando (y leyendo) varios días sobre el particular y concluyo que no, que la autonomía universitaria sigue siendo tema relevante, que la dinámica social no permite conceptos absolutos ni acabados. Con ese ánimo dispuse a elaborar ponencia a presentar en aquel lugar.

No pretendo en este blog insertar todo un tratado sobre autonomía universitaria. No es ese el afán. Me quedo con que autonomía universitaria es en suma, una condición de aquello que constituye la manera de ser y sus características bajo una normatividad dada a sí misma. Claro, no existe la autonomía al 100% dado que su presupuesto es en mayor medida, proveniente de la federación, los estados y municipios. Es una autonomía política y administrativa.

Con esa acotación, ninguna universidad que se precie de serlo puede declarar o pretender ser autónomo de la sociedad. Este es un reglón que en la historia de México no se puede soslayar o desdeñar. En la Conferencia Regional de la UNESCO en 1996 se estableció que “la educación debe ser un instrumento esencial, de valor estratégico para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, el uso compartido del conocimiento y la información”

La autonomía universitaria no es encerrar a las instituciones de educación superior (IES) en una cajita de cristal donde solo se pueda apreciar lo bueno, quedando al centro, oculto, lo que no es “conveniente”. No. Tampoco es hacer lo que más plazca o gritar a los cuatro vientos el “deber ser”… sin ser ni aportar nada a la causa. ¿Qué futuro podemos augurar a las universidades si no establecemos en forma conjunta –Gobierno, Universidades y Sociedad- un plan de desarrollo sustentable? ¿Cómo validar nuestro quehacer académico más allá de la cantidad de egresados que año con año alcanzan a incorporarse al mercado laboral?

La tarea es grande pero no exclusiva de quienes laboramos en las Instituciones de Educación Superior. Construir una sociedad más justa y abierta nos involucra –lo sabemos- a todos: gobierno, sociedad civil, sector empresarial, comercial, etcétera. Pero, ¿por dónde empezamos?

Empezamos… ¡Caramba! Como si recién se hubieran creado el Estado, gobierno, instituciones públicas y privadas. Y no es que invalide lo hecho hasta ahora. Más bien es reconocer que nos falta bastante por transitar en la misma senda. No en proyectos ni programas distintos. Crear sinergia para alcanzar objetivos y metas. Las IES tenemos un peso social que rebasa con mucho el mero cumplimiento de la labor académica, su actividad sustantiva. ¿Acaso las universidades no son críticas permanentes de la actuación gubernamental? Y están condenadas a serlo, en tanto que ahí se genera conocimiento y el análisis. Pero no hay gracia ni reconocimiento en ello si la crítica se constriñe a esa sola actividad que a la larga cae en el pozo del descrédito o peor aún, en el irrespeto social.

El compromiso del gobierno debe ir más allá de la aportación de recursos financieros a las IES y sus exigencias numéricas tanto como también corresponde a las Universidades ir más allá del quehacer cotidiano. No en concepciones de cada cual. Es aportar en forma conjunta, real, alcanzable, el plus que hace falta en reglones de tecnología, ciencia, cultura, arte, salud, seguridad pública y tantos otros rubros que afectan a las comunidades.

Autonomía universitaria ¿para qué? Para hacer más y mejor. Para formar profesionistas capaces e íntegros. En términos prácticos significa que cada egresado debe corresponder en su ámbito de especialización con una cuota social que contribuya a la resolución de esos grandes conflictos que hoy por hoy se presentan en México. Dar es corresponder.

Empecemos por las comunidades. Paguemos nuestra cuota social e incluyo, claro, a los que ostentan el poder y tienen la posibilidad inmediata de generar cambios y marcar rumbos.

Lo destaco por aquello de los desentendidos.