Fondo Minero: Fondo que te quiero Fondo

Fotografía tomada de Google.com

El Fondo Minero, oficialmente denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios tiene como objetivo elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera. Surge con la Reforma Fiscal de enero de 2014 en la que se establece el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario para Empresas mineras[1]

El marco legal incluye a la Ley Federal de Derechos, el Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios (Lineamientos), las Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones de los Lineamientos, entre otros.

El Fondo es un contrato de mandato público celebrado por la SEDATU, (Mandante) con alguna institución de banca de Desarrollo (Mandatario). En síntesis, el Mandatario lleva a cabo la administración de los recursos y los entrega a cada entidad federativa. Es posible que sean entregados a través de algún instrumento financiero que los estados constituyan para recibir los recursos del Fondo. Los recursos que integran el Mandato se invierten en una Cuenta Concentradora hasta su entrega vía esos instrumentos financieros. El Mandatario o Institución de Banca  de Desarrollo tiene derecho a percibir como honorarios anuales hasta el 2.5% de los intereses que genere la inversión de los recursos en la Cuenta Concentradora.

La Ley Federal de Derechos[2] establece que para aplicar los recursos del Fondo, debe conformarse en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

Son los Lineamientos[3] los que precisan la integración de los Comités, siendo estos la figura más relevante dentro del Fondo, que dicho sea con particular inflexión, no consideran la participación ciudadana y solo integra órganos personales gubernamentales y uno privado, a saber: un representante de la Administración Púbica Federal (el representante de la SEDATU), quien fungirá como Presidente a cargo del Comité, un representante del Gobierno del Estado, un representante del o los municipios o demarcaciones donde se localicen actividades mineras, un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación, un representante común de las comunidades indígenas o núcleos agrarios si las actividades mineras se realizan en estas comunidades. Todos con voz y voto dentro de este colegiado.

En lo específico las Reglas de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras[4] definen que el representante de la entidad federativa será designado por el Gobernador con nivel de Secretario y no menor de Director General. El presidente municipal representante será elegido por el Presidente del Comité, dentro de los tres municipios que tengan mayor participación en el Fondo, el que podrá durar en el cargo hasta 3 años, siempre que continue manteniendo su investidura de Presidente Municipal. Las sesiones del Comité pueden ser ordinarias (calendarizadas)  y extraordinarias (las que convoque el Presidente).

Las indicadas Reglas establecen que las sesiones podrán ser presenciales y en su caso por medios remotos de comunicación que para tal efecto se determine en la convocatoria. Aunque también es posible que el Comité sesione en la capital del Estado o en algún municipio participante del Fondo de la entidad federativa, lo que sería de suyo interesante.

Sobre el anterior contexto me parece que debemos voltear a ver al Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en Sonora. Sobre todo las comunidades y municipios que participan de este Fondo, pues según define el Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones de los Lineamiento[5] tiene facultades que pueden favorecer profundamente el desarrollo integral de municipios y comunidades. Entre ellas están las de aprobar la aplicación del Recurso etiquetado como inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo, la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, centros públicos urbanos, obas de pavimentación y de mantenimiento de calles y caminos locales, alumbrado público sustentable, servicios públicos sobre la base de la eficiencia energética y energías renovables.

Tambien en obra de infraestructura para la protección ambiental como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo y suministro de agua potable. Se consideran obras que preserven áreas naturales, obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisión de carbono.  

Los estados y Municipios que tengan participación en el Fondo, adquieren carácter de instancias ejecutoras respecto a los Proyectos de Inversión Física (PIF) que hayan propuesto y sean aprobados por el Comité, lo que significa que es atribución de los municipios presentar a la Dirección General del Fondo los PIF con la justificación de los impactos arriba indicados. Son los municipios los que tienen la facultad de priorizar los PIF y acceder a los recursos de aquel una vez cumplidos los requisitos, así como solicitar las ministraciones y cumplir lo estipulado en la normatividad inherente.

Sonora, al igual que las demás entidades federativas participantes, cuenta con un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. Para el año 2017 se aprobaron 14 proyectos de inversión en infraestructura que representan  212 millones de pesos en proyectos aprobados para los municipios de Nacozari de García, Cananea y para el gobierno del Estado en obras de pavimentación, modernización y rehabilitación de espacios públicos y carreteras. A esto se le suma la cantidad que se está ejerciendo de los años anteriores. 

El Fondo es una vía de obtención de recursos relativamente nueva, de enorme impacto en las comunidades y municipios. La opacidad, la falta de transparencia, la toma de decisiones unilaterales de un presidente municipal y/o un grupo de personas sin que medie una normativa específica en lo local,  puede llegar a corromper el Fondo y convertirlo en una mina personal o de unos cuantos. El Fondo no es un filón para financiar campañas políticas disfrazadas de labor gubernamental, ni un instrumento de poder para el toma y daca, entre otras linduras semejantes.

De ahí que es imprescindible la definición de figuras municipales colegiadas diversas a las ya establecidas como son los Ayuntamientos y los Comités de Planeación Municipal (COPLAM). Los primeros tienen funciones específicas que realizar y que comprometieron en su Plan Municipal de Desarrollo acorde a un Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos. Esto no puede caer al vacío o dejarlo de lado.  Existen responsabilidades bien definidas al respecto. Sobre este rubro principalmente deben rendir cuentas a la ciudadanía. Los  segundos (Coplam) responden a una normatividad estatal cuyo imperativo es la coordinación de esfuerzos en materia de planeación para el desarrollo de Sonora. Pretender hacer del COPLAM un órgano con responsabilidades mayores a las que establece la Ley de la materia, no es algo que lleve a buen fin. 

El Fondo debe concebirse como un eje transversal que coadyuve al logro de los objetivos y metas pleaneados por las administraciones municipales; los ayuntamientos no deben convertirse en la práctica en un cómodo receptor del Fondo que maneje a modo y en la opacidad este Recurso ni ser el Fondo la capa que cubra las ineficiencias del quehacer que constitucionalmente les toca. Haya o no haya Fondo Minero.

La existencia de un órgano ciudadano será saludable en tanto que sus facultades no solo sean de mero fiscalizador sino que participe como un ente activo en la planeación del Recurso del Fondo Minero que corresponda al municipio. Sus facultades serían de opinión, sugerencia y de consulta en lo local y  no vinculantes en tanto la Ley y las normas de la materia no generen estos espacios de participación ciudadana mayormente efectiva. 

Por tanto en mi modesta opinión, la conformación de un Comité Ciudadano del Fondo, ajeno -sobra decirlo- a cualquier interés político, conformado por hombres y mujeres pensantes, visionarios y competentes, constituye una oportunidad para hacer las cosas diferentes y bien. ¿Que Ayuntamiento podría oponerse a este apoyo? 

Argumentar que la ley no lo prevé, es apostarle a la necedad. 

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[1] https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable

[2] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107_231216.pdf

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361462&fecha=25/09/2014

[4] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242809/Reglas_de_Operacion.PDF

[5] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242808/Acuerdo_Reforma_a_Lineamientos.pdf

Crónica de una declinación ciudadana. Mi versión

 Esperé un tiempo para escribir sobre la incursión que tuve dentro del proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA-Sonora. Si lo hubiera hecho durante aquel sorpresivo maremágnum de acontecimientos y señalamientos que se originaron a mi persona a partir de la publicación de los nombres de los cinco integrantes del CPC, hubiera sido abonarle a una situación de por sí incómoda.

 Tampoco era cuestión de escribir tuits y a través de ellos hacer declaraciones o señalamientos cual émula del Sr. Trump. Los valiosos 140 caracteres –estimo- representan una alta responsabilidad que puede subyugar a cualquiera sobre todo por la inmediatez de difusión del comentario, opinión o postura. El caso ameritaba suma prudencia. Presumo ser mujer de palabra, sé cuando hablar y qué hablar con el mismo énfasis que lo hago con el silencio. Sin rodeos y de frente.

 A raíz de la convocatoria que lanzó la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CS-CPC del SEA), apoyada por un grupo de personas, por mi firme convicción ciudadana y por los más de 20 años que como maestra universitaria he dedicado a participar en la formación de profesionistas, aunado a que estoy convencida de que se debe predicar con el ejemplo (es relativamente fácil hablar y opinar desde el aula o desde la -a veces- comodidad de una columna), es que decidí participar en aquella. Como muchos ciudadanos, mi credibilidad en algunos procesos no es halagüeña.  La experiencia afirma que no necesariamente se privilegia la competencia y la capacidad de las personas. Con frecuencia se opta por escoger/seleccionar a personas afines a determinados proyectos incluso si la incapacidad salta a todas luces. O a quien no cause ruido, o al que no mueva el agua, o a quien muestra sumisión rayana en el entreguismo vergonzoso.

 Pero en esta ocasión me movió el alto nivel profesional y ético de la mayoría los integrantes del Comité de Selección del CPC-SEA. Para efectos de esta crónica, divido mis percepciones sobre el trabajo del Comité en tres vertientes: 1) La calidad moral y cívica de cada uno de los integrantes 2) El trabajo del Comité como órgano colegiado en sí y 3) El desempeño del presidente del Comité de Selección, a posteriori de la emisión de resultados.

 Una de las exigencias de la convocatoria fue no ser militante de partido político. Como lo afirmé durante la entrevista del Comité de Selección, hace muchos años dejé de participar en un PP.  Fue en Partido Revolucionario Institucional. Los Estatutos de este PP establecen que son militantes “los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias”[1] Y no. Absolutamente es no. Ni sistemática ni reglamentada mi otrora participación. Ni siquiera recuerdo haber tomado protesta a algún cargo dentro de dicho partido, a reserva de aquel que como dirigente juvenil tuve hace más de 30 años. Vaya, jamás cubrí alguna cuota económica como exigen los indicados Estatutos. Así que más bien debo haber sido candidata a la expulsión inmediata, suponiendo sin conceder que estuviera incluso en alguna lista desconocida para mi persona. Cualquier cosa se puede esperar.

 Pero eso es en cuanto a formalidades legales. En lo ético, no me visualizo de ninguna manera como infiltrada –término ruin usado por algunos- en un CPC-SEA tratando de cubrir, impedir, soslayar, minimizar o defender cuestiones de funcionarios públicos priistas que mi formación, principios y valores personales y profesionales lo impiden. Menciono priistas por ser el señalamiento. Pero igual sucedería con respecto a cualquier otro PP. He hecho varios ejercicios mentales respecto a mi comportamiento y actuar en algún hipotético asunto sobre corrupción que se detectara. ¿Cómo le haría? ¿Qué diría? ¿Alguien me hablaría para decirme has esto o aquello? ¿Sería citada en algún obscuro rincón de sabrá Dios qué lugar? No me imagino en tales trances. ¿De que forma violentar la confianza del CS-CPC-SEA, de mis alumnos de más de 25 generaciones en las que he sido incisiva en ser justos, correctos y legales, sin sentir un mínimo de vergüenza por una actuación fuera de la legalidad? La seriedad del asunto movía mi risa ante imaginarias situaciones ridículas y cantinflescas. Quienes me conocen saben a lo que me refiero.

 Así que cuando se dijo que yo era militante del PRI, y que por tal razón debía renunciar al cargo para el que había sido electa (4 años como integrante del CPC), la primera asombrada fui yo. Y no por la supuesta militancia. Tengo la impresión que a veces las situaciones se desbordan y polarizan hasta extremos irrazonables. El tema sobre ciudadanía y militancia será objeto de otro análisis en diverso momento en esta misma columna.

 Volviendo al asunto, mi asombro por el incorrecto señalamiento como militante se tradujo en tranquilidad  cuando salió un boletín del CS-CPC (27 de julio de 2017) en el que definía su posicionamiento: En la búsqueda de datos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) no aparezco        –obviamente- como militante del PRI y que por ende era elegible mi persona para ocupar dicho cargo. Algún columnista, creyendo encontrar el hilo negro de la situación, sacó a flote una fotografía en la que aparezco con el Sr. Andrés Manuel López Obrador. Solo me resta decir que las cortesías se atienden y como tal respondí.  El principio y fin de ese evento fue el suficiente para el saludo y la toma de la placa. Punto.

Otros más se atrevieron a afirmar con fuerte voz que yo había laborado en administraciones panistas del municipio de Caborca. Falso. Guardo sumo respeto a los ciudadanos que participan en los distintos partidos políticos. Tengo amistades en algunos de ellos en lo local, estatal y nacional. Me honro en afirmarlo. Así que ¿De donde salió tanta mentira? ¿De donde salió tanta imputación falsa?. Otro columnista se refirió a mí como “esta polémica mujer”.  Reí con la misma risa de la que mi abuela materna tanto se quejaba: desparpajadamente.  Lo absurdo es exponencial.

El mismo día de emisión del boletín indicado, a escasas horas de diferencia, el presidente de la CS-CPC del SEA, vía Twitter, en un acto de increíble falta de seriedad y profesionalismo solicita mi renuncia inmediata. Aunque actuó en Twitter, su voz es la del Presidente del Órgano Colegiado y debió previamente convocar a junta del CS, convocar a mi persona, permitirme exponer razones y pruebas, deliberar como colegiado, resolver y publicar. El camino usual de un acto administrativo. 

No renuncié porque no era posible hacerlo dado que aun no había tomado protesta. Declinar es la palabra técnica correcta. Durante la entrevista que el CS-CPC del SEA Sonora realizó a mi persona, afirmé que quienes integraran el CPC no debían percibir ningún tipo de prestación económica debido a que con ello se pierde la virtuosidad de ser un órgano ciudadano. Llámesele como sea: honorarios, sueldo, salario, dieta, total, todos los caminos llevan a Roma y en este caso, todos llevan a la subordinación, lo que rompe con el espíritu de conformación de un colectivo de esta naturaleza. Indiqué que la participación ciudadana en un órgano como el CPC no debe sujetarse a la dinámica gubernamental pues terminará siendo más temprano que tarde una oficina burocrática más, con el consecuente peso económico a cargo de la ciudadanía, la que sobrada y justificadamente está cansada de ello. La entrevista está disponible en:  https://www.youtube.com/channel/UCqyctA-OkJPMtI3WfrUrtUQ.

Es evidente que el ánimo de mi participación no fue en ningún momento con el deseo de percibir remuneración económica alguna. Que pena que ningún medio de comunicación haya considerado esto. Insistí en repetidas ocasiones la pertinencia del no pago a los integrantes del CPC. Aseveré que sí era posible que el CPC  pudiera realizar sus funciones desde sus propios espacios ciudadanos, que debía utilizar las nuevas tecnologías de la información para sus labores y que periódicamente se reunieran como colegiado para la toma de decisiones. Agregué que sería un reto pero que con creatividad, innovación y voluntad se podía lograr.  El CS fue duro, incisivo en las preguntas, tenaz en las observaciones, exigente.  Era claro su decidido interés en cumplir con la encomienda. Francamente me sentí cómoda. Sentí que estaba participando en un proceso histórico, que realmente valía la pena el esfuerzo que cada quien estaba realizando. Ellos como colegiado, nosotros como exponentes.

El CS-CPC me evaluó con una de las dos más altas calificaciones: 96.63%.

Al final fui tratada como mentirosa, corrupta y manzana podrida por parte del presidente del Comité de Selección del CPC quien se erigió materialmente como juez de sentencia. Así, la actuación del Presidente del CPC fue la de un “agresor” según se define en los artículos 3, fracción II, 4, 5 y 12 de la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora.  Sobradas evidencias en redes sociales existen al respecto y peor aún, tuvieron repercusión a nivel nacional. No lo merezco. Nadie lo merece. Ahora entiendo que la violencia de género tiene insospechados caminos. Si la participación ciudadana de una mujer va a pasar por situaciones similares, resulta comprensible que se genere en forma escasa. A contrario, debo decirlo, otros integrantes del CS mostraron altura de talentos, de educación y respeto.

En reunión del CS-CPC del 29 de julio se acordó brindar a mi persona una disculpa pública. A la fecha no se ha formalizado aunque tampoco espero que se materialice.  A la distancia analizo los acontecimientos y pienso que si acaso el propio presidente del CS fue objeto de presiones ajenas pero bien conocidas. No asimilo la falta de pulso y experiencia política, de manejo de situaciones que pudieron haberlo catapultado como excelente líder y no al contrario como sucedió.  En algún libro leí que es en aguas turbulentas cuando se ponen a prueba las habilidades del capitán del barco.

Ninguna persona de dentro o fuera del Comité de Selección pidió de frente y directamente mi declinación. Fui yo quien voluntariamente consideró que la menor duda hacia un integrante del CPC sea de un pasado ejercicio público con dudoso comportamiento incluso la conducta del  laissez faire, laissez passer  o de militancia en algún PP por ejemplo, eran causas suficiente para declinar. Y lo hice. Mi único compromiso era y es una auténtica participación ciudadana. Ni cargos, ni emolumentos ni poder es lo que me guía.

Esta columna-crónica se la debía a los cientos de personas que me manifestaron su apoyo a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp, celular, correos electrónicos y/o de forma personal. Muchos alumnos y ex alumnos que tomaron conmigo materias en la Universidad de Sonora se hicieron presentes por diversos medios. Ellos más que nadie conocen mi postura ciudadana y no de apoyo partidista a ultranza. Amigos, funcionarios, ex funcionarios, militantes de diversos partidos políticos. A todos ellos les agradezco su gesto, sus palabras de aliento y de apoyo.  

Esta columna también me la debía a mí misma. Más de 30 años de trabajo honesto, de dedicar mi vida a la construcción de mejores espacios de existencia colectiva, a mejorar desde mi propia actividad personal y profesional la calidad de vida actual y la que heredaremos a las nuevas generaciones a través de la participación que edifica y no que destruye,  no pueden quedar al arbitrio de nadie.

De nadie.

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[1] http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf