Reelecciones municipales en Sonora. Faltas administrativas cometidas por servidores públicos. segunda y última parte

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Apenas en la columna anterior se hizo referencia al marco legal de las elecciones y reelecciones en Sonora. Toca hoy abordar la parte de infracciones cometidas en ejercicio de las actividades de los servidores públicos y sus sanciones, entendiendo como servidor público a toda persona que preste un cargo, empleo o comisión, sea funcionario o empleado.

No podemos hablar de elecciones y/o reelecciones si no abordamos el tema de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas de Sonora (2017) que deriva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (2016) decretada por el Congreso de la Unión y sancionada por el presidente de la República. Una de las finalidades de esta nueva norma es el contribuir a la eliminación de actos de los servidores públicos y de los particulares que vulneren o pongan en duda el quehacer público, que debe ser apegado a la legalidad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

En esta ley de reciente creación y la correlativa de Sonora, se atrajeron figuras del Código Penal a manera de infracciones administrativas. De ahí la relevancia de comentar someramente algunas figuras de esta norma. De las figuras que establece el Código Penal de Sonora, por la extensión del tema, se atenderá en diversa columna. En suma, un servidor público puede ser procesado hoy en día, tanto por la vía administrativa -de forma más precisa-  como la penal. Para lo primero existe una Fiscalía especializada en delitos electorales, así como el Tribunal de Justicia Administrativa y para los segundos, la Fiscalía Estatal y los jueces y magistrados del Poder Judicial.

Dado el tema, los ejemplos y referencias serán en torno a cuestiones electorales y/o de reelecciones municipales, en el entendido que las leyes que se mencionan aplican en todo momento para todo servidor público municipal o estatal. Sin embargo, en tiempos electorales, las disputas por alcanzar cargos de elección popular incrementan el riesgo de cometer tropelías, y actos u omisiones fuera de la ley que amenazan fuertemente a la democracia. De ahí el interés por abundar sobre el particular.

La Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas de Sonora prevé dos tipos de faltas, las no graves y las graves. Mencionaremos algunas de ellas:

De las no graves, destaca el hecho de que todo servidor público, sea empleado o funcionario estatal o municipal está obligado a denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas. La denuncia debe contener datos o indicios que permitan advertir una presunta responsabilidad. Ejemplo: Si un servidor público (empleado, secretaria, conserje, director, etcétera) advierte que la orden emitida por su superior es contrario a las funciones que éste tiene encomendadas, que se le solicite realizar llamadas telefónicas o personales para promover el voto a favor de un candidato, que se le asigne participar elaborando oficios o cualquier cosa relativa a la elección o reelección, debe negarse e incluso denunciarlo, so pena de ser partícipe del ilícito que se le solicita.

Las sanciones para faltas no graves van desde amonestación hasta inhabilitación temporal para desempeñar cargo o comisión en el servicio público.

De las causas graves, se relatarán algunas: 

Cohecho. Lo comete el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público. Ejemplo: Aquellos servidores públicos que pretendiendo reelegirse, se beneficien en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, entre otros. Una situación común es que dicho funcionario exija, acepte u obtenga o pretenda el uso de un inmueble ajeno para ser utilizado como comité o casa de campaña, o bien vehículos, equipo de cómputo, telefonía, etcétera. En caso de que sea a través de renta, ésta debe ser la usual en el mercado, es decir, no a precio irrisorio, lo cual también sería cohecho.  Conducta para demostrar: Que la conducta sea en ejercicio de sus funciones como servidor público, exigiendo, aceptando, obteniendo o pretendiendo obtener determinado beneficio.

Peculado. Lo comete el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico. Ejemplo: Que el servidor público (en este caso, el que pretende reelegirse) autorice el uso de equipo de cómputo municipal, que asigne personal del ayuntamiento a su cargo a realizar labores de campaña, que destine equipo de sonido a la promoción e imagen pública sea de él o ella misma, o de los parientes que aquí se señalan. Conducta por demostrar: Que el servidor público haya solicitado o realizado actos para el uso o apropiación de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros ilícitamente.

Desvío de recursos públicos: El servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos y financieros, de forma ilícita. Ejemplo: Pueden aplicar los mismos ejemplos arriba ilustrados, con la salvedad de que en este caso no son para él o para sus parientes, pero realizó una conducta antijurídica. Conducta por demostrar: La desviación de recursos públicos. 

Utilización indebida de información. Lo comete el servidor público que adquiera para sí o para su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. Ejemplo: Todo ayuntamiento, en ejercicio de sus funciones maneja diverso tipo de información y una de ella es aquella privilegiada, la que no es de dominio público y que por lo mismo pude sesgar indebidamente en beneficio propio o ajeno con motivo de las elecciones o reelecciones. Listas de personas, domicilios, edades, cantidad de personas por casa habitación, en fin, información valiosa no disponible al público en general. Conducta por demostrar: Que haya habido mejora en las condiciones del servidor público, ventaja o beneficio a través del uso indebido de información.

Abuso de funciones o atribuciones. El servidor publico que ejerza funciones no conferidas para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generase un beneficio o a otras personas o para causar perjuicio a alguna persona. Ejemplo: Utilizar su autoridad para exigir hacer o no hacer algo relacionado con campañas electorales o de reelección. Solicitar a sus subordinados promover el voto para sí o para otros, inducir a los empleados a acudir a mítines, reuniones, etcétera. Conducta por demostrar: La realización de funciones que no tiene conferidas en su cargo.

Las sanciones por faltas graves van desde suspensión del empleo, cargo o comisión, hasta sanción económica y/o inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

Sin duda estas elecciones del 2021 serán inéditas no solo por esta nueva ley y el entramado jurídico que significa sino porque por vez primera serán posibles las reelecciones municipales y de diputados locales.

El punto es, como mencionamos en la primera parte de este tema publicado en columna anterior, quién y cómo se darán los contrapesos para que las autoridades no actúen de forma arbitraria, máxime que la sociedad civil no se encuentra organizada aparte de la constitucional que son los ayuntamientos. Los partidos políticos poco o nada realizan y más bien se concentran en denostar a la parte contraria en un círculo insano que sobradamente conocemos durante el período electoral.

Existe si, un organismo de Transparencia, la rendición de cuentas, auditorías y demás, pero como se habrá advertido con la reseña de cada infracción aquí señalada, se precisa una verdadera participación ciudadana interesada en el quehacer público, que exija, que no sea simple depositario de informes públicos, sino que además cuestione, revise, analice y fomente la práctica del interés comunitario. 

Reelecciones municipales en Sonora Primera parte

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Aún permanecemos en alerta respecto a la Pandemia SARS-COVID-19 de la que a la postre tanto la federación, como estados y municipios deberán realizar un detallado informe a la comunidad sobre las acciones reales y efectivas que cada orden de gobierno desplegó, los resultados obtenidos por sí y los derivados en coordinación con aquellos, cuando ya tenemos encima el calendario electoral que iniciará en septiembre de 2020. El tiempo vuela.

Luego, habrá que analizar los informes municipales del próximo 16 de septiembre los que seguramente tendrán un alto sesgo hacia el combate a la pandemia SARS-COVID-19. Se entiende el  esfuerzo denonado que muchos ayuntamientos y presidentes municipales están realizando. Pero hay otros que francamente no han tenido mayor actividad que alguna que otra declaración insulsa. El grado de responsabilidad y compromiso es fácilmente medible respecto a las 72 administraciones municipales, incluso con la falta de cuidados sanitarios de muchos ciudadanos.

Al corto plazo, los 72 ayuntamientos municipales serán puestos bajo la lupa y lo saludable es que cada uno de ellos transparente todas y cada una de las acciones, programas, tareas, encomiendas realizadas durante estos más de hasta hoy, cuatro meses, máxime que todas tuvieron acceso a redes de información que habrían de facilitar mucho del trabajo que presencialmente se hacia en la anterior normalidad. Como se estableció desde el principio, no eran vacaciones y sobre esto tambien tendrán que brindar resultados. 

Si bien la pandemia no era un fenómeno esperado, sí puso a prueba el carácter, el liderazgo, la creatividad, el grado de responsabilidad de los munícipes. Ahora tenemos enfrente las elecciones o reelecciones municipales. Esto es de suyo interesante. 

Veamos algunos datos básicos legales: La Constitución Política Mexicana establece en el artículo 115 la posibilidad de la elección consecutiva de aquellos que hayan sido electos popularmente por elección directa de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional de 3 años sin exceder de seis, lo que retomó la Constitución Política del Estado de Sonora en los artículos 131 y 133.

El artículo 131 se refiere a las reelecciones de presidentes municipales, síndicos y regidores que hayan sido electos popularmente por elección directa (a través del voto libre, directo, secreto) así como de aquellas que lo fueron por elección indirecta o por nombramiento o designación, o bien de quienes hayan accedido al cargo mediante candidaturas independientes en cuyo caso solo podrán ser electos de manera consecutiva por la misma vía independiente sin que puedan ser postulados por algún partido político o coalición.

El artículo 133 a su vez, indica que, en el caso de postulaciones, solo podrán ser realizadas por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado inicialmente (2018), salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Ahora bien, para poder acceder a la posibilidad de ser candidato a puesto de elección popular, no se debe tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se separe noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. Esto último abarca un muy amplio abanico de posibilidades que no estoy segura de que sea algo saludable. Habría que profundizar en esta parte en columna posterior.

La reelección municipal es una figura que apenas en el 2021 habrá de tener vida real, es decir, en los hechos. Para empezar, existe un candado viejo y oxidado ya que en México opera un sistema electoral que está en manos de los partidos políticos y la figura de las candidaturas independientes es nueva. Mal inicio. Esto implica que si existen administraciones municipales deficientes que deseen reelegirse, tienen a su disposición recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos. ¿Cómo el ciudadano va a distinguir la casi transparente línea entre la actividad municipal del trienio en cuestión con el ejercicio soterrado de promoción de imagen del presidente, síndico y regidores para una posible reelección?

¿Qué contrapesos reales existen al interior de los ayuntamientos para que la vigilancia del quehacer municipal sea la que se debe imperativamente realizar, sin desvíos políticos? 

 Las autoridades municipales argumentarán que es en atención al cumplimiento de los planes de desarrollo y no se duda en que así pueda ser. La cuestión son los efectos que se pretenden en el ánimo del electorado y la intencionalidad de quienes buscan la reelección; la forma en que se promueve la imagen, los tiempos en que las obras se concluyen, las inauguraciones de obras, proyectos y programas con una sospechosa coincidencia con el calendario electoral, entre otras cuestiones. La suspicacia está a flor de piel pese a que una de las bases de la reelección fue el establecer este mecanismo para evitar conductas no apropiadas de los gobernantes de elección popular durante el tiempo de su encargo.

Pienso que en este sentido se trató de proteger un ejercicio saludable del trienio de que se trate, a raíz del desencanto ciudadano de constatar una y otra vez que los funcionarios cambian de nombre, pero las acciones nocivas y la corrupción son las que campean en las oficinas. El asunto es que no se blindó de bien a bien el tiempo entre el ejercicio de la actividad gubernamental municipal (aunque igual sucede con diputaciones y senadurías) y el tiempo que transcurre durante el momento del registro para una probable reelección y la continuación del ejercicio del poder dado que los munícipes permanecen en su encargo. El escenario es simple: Continúan como presidentes municipales, síndicos y regidores cumpliendo el período de su encargo y a la vez son candidatos para reelección, si así lo hubieran solicitado y aprobado el órgano electoral correspondiente.

La situación no es sencilla. Máxime que como arriba se señala, los contrapesos escasamente existen. Una gran parte de responsabilidad la encontraríamos en los regidores de representación proporcional, pero la mayoría relativa se encuentra en otra parte.

Los partidos políticos escasamente han sacado la cabeza. Quizá en una o dos acciones de ciertos municipios que por su complejidad y cantidad de habitantes han provocado discrepancias y movimientos políticos ciertamente tibios, pero no han trascendido grandemente. En esta época de pandemia del SARS-COVID-19, cuando los partidos políticos debieran estarse pronunciando, generando ideas, proveyendo insumo intelectual, fomentando entre su electorado - ¡vaya! - el seguimiento de los protocolos de salud, ha dejado a sus militantes y simpatizantes a la deriva. Aunque suene tétrico y fatal, el padrón electoral es, con mucho, la constancia fehaciente de fallecimientos que tal vez no debieron ser. La depuración de este documento se antoja francamente dolorosa habida cuenta de la pandemia. 

¿Cuánto del presupuesto que tienen asignados los partidos políticos se habrá destinado a campañas de concientización en torno al Covid? Al parecer, la mayoría simplemente se cruzaron de brazos. 

Me pregunto con qué discursos habrán de convencer a los votantes durante la época de elecciones. Con qué palabras tratarán de llenar el vacío presencial que tienen ahora. Ahora que se requiere el apoyo de ellos hacia el electorado. ¿Cómo solicitar el apoyo de sus militantes y simpatizantes a la vuelta de pocos meses? ¿Qué aviesas fórmulas habrán de utilizar? Se toparán con una ciudadanía muy lastimada desde el Covid, falta de empleo, desempleo, crisis económicas familiares, proyectos de vida truncados, jóvenes estudiantes que desertarán de las escuelas porque primero es buscar el sostenimiento económico familiar.

Los partidos políticos en general ni siquiera se encuentran realizando una evaluación seria y objetiva de los planes de desarrollo municipal ni existe una participación ciudadana que permita hacerlo. Y ambas son necesarias. Cuando se presentaron los Planes de Desarrollo Municipal, nadie preveía que se nos venía una pandemia que requeriría esfuerzos extraordinarios de los ayuntamientos, estados y federación. Esta última primero asumió el mando general para al final regresar la competencia a estados y municipios. Al menos para los municipios ha sido una experiencia apenas sostenible: los recursos económicos con los que cuenta son escasos, las necesidades sociales no acaban y la exigencia del cumplimiento del plan municipal de desarrollo no para.

¿Qué elementos tendrá el electorado para tomar decisiones a la hora de emitir su voto? A nivel mundial, en las reelecciones un aspecto fundamental es el voto razonado a partir de la información precisa que exista sobre el desempeño municipal, la transparencia en el ejercicio del poder, la rendición de cuentas, las auditorías abiertas, el acercamiento ciudadano a las sesiones abiertas de Cabildo, la transparencia en el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, en fin, de toda aquella información que muestre y demuestre honestidad, rectitud, responsabilidad y que sobre todo genere confianza ciudadana. Esto se logra en el transcurso de los tres años, no a partir de un vertiginoso calendario electoral.

En la segunda parte de esta columna, abordaremos un tema complementario a este y que puede brindarnos algunos aspectos interesantes sobre el ejercicio del servicio público en épocas de reelecciones. 

Al final de cuentas, la libertad que a simple vista parece que favorece a quienes pretenden una reelección, no es ni simple, ni sencilla, ni segura. Lo analizamos mañana. 

La fuerza de lo moral según AMLO: Mafia y narcotráfico en México

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Las redes sociales se han desbordado por la declaración de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la violencia específicamente contra la delincuencia organizada/actividades ilícitas, es cero tolerancia y confrontación -dijo-es la nada debido a que hay un consenso general de la sociedad de vivir en paz.

No conforme con esto, hizo un llamado a los delincuentes a reconsiderar su postura, que piensen no solo en ellos sino en sus familiares, en el pueblo, en México. No son palabras tiradas al aire por un presidente de escritorio o proclive a la corrupción y los delincuentes lo saben. Lo saben. 

Aseguró que la fuerza moral del gobierno es más poderosa que la fuerza física, que la fuerza bruta y que desde luego es mejor la inteligencia que la fuerza. Cohesionar un grupo de colaboradores bajo la premisa de lo moral y la inteligencia, equivale a más que tener un enorme armamento bélico al servicio de la corrupción. Y AMLO lo sabe.

 Muchos tuiteros y comentaristas se han desgarrado las vestiduras con las declaraciones de AMLO quien con firme postura ha reiterado en distintos foros tal postura. Quisieran tal vez ver la violencia de antaño, los enfrentamientos entre cárteles vs cárteles apoyados por el mismo gobierno, según fuera cuál de aquellos pagara más para venderse al mejor postor. Cifras alarmantes de muertos y desaparecidos fueron la constante en los sexenios anteriores. La corrupción galopaba en nóminas escandalosas que periódicamente el narco entregaba a las autoridades locales, estatales y federales hasta llegar a la cúspide. Se dice que el Mayo Zambada en alguna ocasión se quejó de que era tanto lo que se pagaba por la corrupción de los servidores públicos, que realmente estaba trabajando para ellos

El problema del narcotráfico que incluye delincuencia organizada y una ristra de actividades ilícitas que de ello deriva (cohecho, corrupción, tráfico de influencias, homicidios, desapariciones, etcétera)son consecuencia directa de aquel mal que flagela a la sociedad. Es y ha sido el pan de cada día desde sus inicios significativos allá por los finales de los años setenta. Desde entonces el esquema ha sido relativamente el mismo independientemente de la autoridad en turno, sea de cual sea el partido político en el poder. Prebendas, corrupción de cuello blanco y de cuello callejero; de cuello 16, 14, incluyendo el dar cuello. ¿Realmente existió alguna venturosa ocasión un plan estratégico de gobierno para desmantelar a estos grupos de poder? Mucho ruido y pocas nueces. Burdo maquillaje político a granel.

Los intereses y planes que acaso habían estaban enfocados en apoyar a uno u otro cártel  para que estos a su vez colaboraran con el gobierno en turno aventándoles con pequeñas o medianas carnadas para que la autoridad anunciara con bombo y platillo el haber atrapado a tal o cual delincuente. Algunos de ellos fueron trasladados casi inmediato a los Estados Unidos de Norteamérica vía acuerdos con la DEA  y gobierno de EEUU que a raíz del Plan Mérida tuvieron una presencia oficial más significativa en este combate que tanta muerte y adicciones provocaba entre los mexicanos, amén de que el destino de la droga era para EE. UU. y países europeos. El camino de la droga y las armas va dejando caminos de muerte.

El lenguaje de la delincuencia organizada y grupos de poder ha sido el dinero. Paradójicamente este mal social ha dado paso a una cultura lamentable: canciones escritas para ensalzar la muerte de tal o cual narco, su “brillante” actividad ilícita, su arrojo y temeridad. Sus carros, dinero, mujeres y vida recia han sido émulo para aquellos jóvenes que aspiran a serlo, algo así como el reemplazo generacional. De alguna manera las series, novelas, libros que se producen en torno al tema construyen una apología del delito que no parece parar pese a tibias regulaciones legales. Solo basta observar en Netflix las puntuaciones que obtienen las series del Chapo, del Señor de los Cielos y otros. Estrellas de oro. Deberían ser de sangre, pero bueno, la mercadotecnia es así.

Tanto el gobierno corrupto de antaño como el de los cárteles tenían muchos acuerdos y desacuerdos pero solo un hilo conductor: El dinero, la corrupción, la compra burda y vil traducida a dólares a cambio de información, de pitazos, de encubrimiento y hasta de protección. Es el lenguaje al que están acostumbrados, el del dólar y la sangre. Es en el que se sienten cómodos. Sacarlos de ese contexto los pone incómodos, se inquietan, no atinan a pensar, se sienten desprotegidos. No es un lenguaje con el que estén familiarizados.

Pero ese lenguaje es el que entienden. El del dinero y el de las armas. El poder monetario y el poder de la fuerza.

Entonces, nada debe extrañarnos la declaración de AMLO. 

El presidente no es una perita en dulce ni es una persona corta de luces. Al contrario. Es un viejo lobo de mar. Diría que es vago positivamente hablando; entiende que debe conducir la política de la paz y el combate en el terreno de la moralidad y la decencia. Está buscando atraer a esa pléyade de delincuentes a su terreno y no al viejo y vetusto esquema que antaño funcionaba como reloj suizo y que aquellos conocen muy bien.

Sabe que llevarlos a ese espacio creará condiciones mínimas indispensables para dar salida a este viejo problema social que ha lastimado y lastima a miles de familias. Es el lado más frágil de la delincuencia porque simple y sencillamente no tienen moral y su lenguaje no es la paz. Ismael el mayo Zambada ya es un hombre de edad avanzada. Como cualquier ser humano seguramente habrá de desear ya un buen arreglo y dejar de andar a mata de salva, ponerse sus pantuflas y disfrutar un buen café sin tener que dejarlo a medias por tener que huir y ya no con la agilidad de antaño. Ni las ganas. No sé si esas pantuflas lo esperen en una cárcel o en un lugar desconocido, pero analizando la condición humana básica, física y biológicamente está llegando a la última recta. 

Desconozco los alcances visionarios o caprichosos de los hijos herederos de la vieja guardia del narcotráfico, pero siendo que tuvieron la escuela de sus padres, es fácil adivinar que las estrategias serán más o menos las mismas. En ese tenor ¿Qué se puede esperar? ¿Ataque frontal para generar mayor violencia? Ya vivimos en carne propia que no es el camino. 

No me voy con el romanticismo puro de la no violencia pues es claro que el mundo del hampa posee armamento sofisticado que no dudará en utilizar -como lo ha hecho- cuando sea indispensable para ellos. Pero el hampa más equipada nunca podrá rebasar al del gobierno que posee armamento e inteligencia para operar adecuadamente sobre la base de la no corrupción, del profesionalismo, de la honradez y del cumplimiento auténtico del deber, no de aquel simulado que se traducía en portafolios rebosantes de dólares. Ahí está la historia del colombiano Pablo Escobar Gaviria, que prefirió confrontarse con el gobierno para caer finalmente caer abatido.

Ningún acto de violencia tiene el respaldo de los ciudadanos, recién dijo AMLO. La gente no celebra tales actos, lo que prefiere es el uso de la inteligencia militar, policiaca, puesta verdaderamente al servicio de la nación.

Miles de millones de pesos del presupuesto federal se van al combate al narcotráfico y sus derivados. Ya basta. Entre más se asignen recursos, si no se detiene la corrupción interna gubernamental, es de alguna manera, estar financiando a estas lacras sociales con dinero público.

  

No es un acto de candidez que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho un llamado a la delincuencia a reconsiderar su situación. No es una frase tirada al viento ni es un acto de bondad presidencial.

No lo es.