El proceso entrega – recepción de los Ayuntamientos

A pocos días de que tomen protesta legal los nuevos integrantes de los Ayuntamientos, sano es recordar que la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora dedica todo un capítulo para reglamentar este evento de entrega legal, administrativa y material de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio así como toda la documentación ordenada, clasificada y certificada que se haya generado por la administración saliente. Esta actividad la inicia el ayuntamiento saliente con seis meses antes de finalizar el período, bajo la coordinación del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría).

Una vez que el Ayuntamiento electo reciba la constancia de mayoría por el órgano electoral correspondiente y con un mes antes del inicio del nuevo período, se nombra una comisión mixta  con igual número de representantes (saliente y entrante) para dar marcha en forma conjunta a este proceso.

El Ayuntamiento entrante contará con treinta días naturales –a partir de la toma de protesta- para solicitar aclaraciones, complementación de información y/o documentos, en fin, de todos aquellos puntos donde hubiere duda, a quien haya ocupado anteriormente el cargo de servidor público y éste está obligado a comparecer ante el nuevo Ayuntamiento a rendir las cuentas que se le soliciten. En suma, el proceso de revisión no puede exceder de noventa días, tiempo suficiente para peticionar lo que fuera conveniente en torno al ejercicio de cada una de las dependencias. Ejercicio administrativo, financiero, de cumplimiento de metas y objetivos, entre otros.

La indicada ley es puntual en este capítulo y define varias cuestiones en torno a tan importante evento para que las cuentas sean claras, transparentes y reales. Nada de pretextar después que no se entregó o no se sabe o no se conoce. Quien más interesado debe de estar en la correcta recepción es el Ayuntamiento entrante porque a partir de las cuentas que le sean entregadas es como va a rendir las suyas ante la Sociedad que lo eligió. Argumentar después lo contrario, no representa validez alguna y en todo caso, ocultar o proteger cuestiones anómalas les hace incurrir en faltas a la luz de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A los unos y a los otros.

Una modalidad interesante sería que el nuevo Ayuntamiento iniciara funciones en torno a lo efectivamente recibido y como tal, nos hiciera saber a la Comunidad bajo qué grado de avance ejecutará labores en materia de seguridad pública, educación, cultura, deportes, salud, área rural, agua potable, alumbrado público y demás rubros de interés general. En suma, que nos indique cómo recibe y bajo qué condiciones de operatividad se encuentran las distintas dependencias. Explicación que es justa para nosotros recibir y que esperamos se materialice al dar a conocer tanto el dictamen como la aprobación que de él se haga en su momento.

Más allá del discurso en el acto protocolario de entrega y toma de protesta, más allá de la recepción en papel, es verificar el estado que guarda la Administración Municipal y derivar acciones que se plasmen en el próximo Plan de Desarrollo Municipal.  Sin duda resulta necesario y saludable políticamente que el proceso de entrega recepción sea transparente y público. Público Social, Comunitario, general.

De otra manera cabría la duda y el descontento al considerar que sólo fue intercambio de estafetas entre amigos más no de verdaderas responsabilidades de Servidores Públicos que se precien de serlo.

¡Que quede muy claro!

¡Qué quede muy claro! En Sonora ya no pagarán las casetas de cobro los vehículos que porten las placas del Estado. Guillermo Padrés Elías. Mayo del 2011.

Así lo afirmó contundentemente el Gobernador de nuestro Estado respecto a un compromiso que asumió gestionar como tal para los residentes del Sur del Estado en lo que concierne a las casetas conocidas como La Jaula, Fundición y Esperanza, en primer término. Pareciera que se le olvidó esta parte del territorio y seguimos pagando las casetas de Hermosillo y la de Trincheras, ésta última de forma sorpresiva y sin mayor trámite se elevó de $66.00 a $93.00. O sea de $186.00 ida y vuelta considerando que es tarifa de automovilista.

Lastimosamente no hemos escuchado ni visto ni leído declaración alguna  de los munícipes actuales ni los futuros. Tampoco de los Diputados electos o los que están por dejar el cargo. Como si dijeran a mí no me toca porque me voy y los otros, porque todavía no asumen sus funciones. Y no se trata aquí de partidos políticos ni preferencias en ese sentido. Se trata de asumir compromisos en cuestiones que lastiman tanto a la Sociedad como es el aspecto económico. Como es el abuso al imponer tarifas en forma arbitraria donde ni tan siquiera se justifica el alza y menos aún la concesionaria que  no ha cumplido obligaciones básicas como el construir áreas de descanso –estacionamiento, sanitarios, etc Vamos, ni siquiera existe el libramiento obligatorio!.

Quienes vivimos en esta región sabemos las condiciones económicas, de desarrollo, de seguridad, de desempleo etcétera por las que estamos pasando. La generación de empleos es escasa, la actividad económica a duras penas va saliendo. Numerosas personas se ven obligadas a trasladarse de un municipio a otro para realizar sus labores comerciales cotidianas y que con mucho, son su fuente principal de ingresos.

Como si fuera para prolongar la burla de la cual estamos siendo objeto, se está promoviendo la denominada tarjeta para residentes. No es la tarjeta ni las razones que gente bien intencionada pudiera tener respecto a éste trámite, pero ¿No acaso aceptarla es consentir el abuso? ¿Acaso el realizar este trámite borra la ignominia y la arbitrariedad? No, nunca. Peor aún: existe la posibilidad de que a la vuelta de unos cuantos meses se declare –por ese compromiso gubernamental que se menciona al inicio y que esperamos que se cumpla- el libre tránsito vehicular. O sea, habremos pagado doscientos pesos encima de todo.

Ante un Desarrollo Regional añorado, deseado, buscado y no logrado hasta el momento, se ve difícil que podamos despuntar con medidas como las que ahora se están tomando.

Si el Señor Gobernador, los diputados locales y munícipes tomaran acuerdos conjuntos, estaríamos ante la posibilidad de un futuro promisorio, con alternativas de tránsito comercial, productivo e industrial mejor y sólo por mencionar algunos de los rubros que por cierto, tanto alarde hicieron los candidatos en las recién pasadas elecciones. Estamos de acuerdo en que aún no toman protesta legal y por lo mismo declaraciones en ese sentido no es debido hacer. Pero lo anterior no los exime de una responsabilidad mayor aún: El de ser ciudadanos comprometidos. Y ahí si caben todas las declaraciones posibles. Nada de esto hemos visto ni escuchado.

Nuestra región merece por historia, por la reciedad de sus hombres y mujeres forjados a rayo de sol y tierra, por el temple que caracteriza a quienes viven aquí, un trato digno que permita a todos mejores oportunidades de crecimiento y no de obstáculos como pareciera.

Que la voz del desierto se escuche. No a los aumentos de casetas de cobro. No a la tarjeta de residentes. 

Universidad Social, Universidad de todos.

Hablar de las universidades y su inserción en la Sociedad pareciera tabú. En las pasadas contiendas electorales los candidatos guardaban silencio abruptamente. Algunos balbuceaban cualquier respuesta o de plano evadían el tema. Otros más pretendieron utilizar a los universitarios sólo para sus aviesos fines. O se pretendió hacer nacer en el seno de los estudiantes un movimiento político que fomentara la crítica, el señalamiento, el escarnio. Desconozco hasta qué punto haya movimientos estudiantiles verdaderamente auténticos y comprometidos con sus causas e ideales. Tengo serias dudas, pero el punto central de esta columna no es analizar este aspecto en particular sino la trascendencia de las universidades en la sociedad.

Hablemos sí, de las Universidades Públicas. De nuestra alma máter que tantos y tantos hijos universitarios ha brindado a la sociedad. Innumerables ejemplos de profesionistas que día con día en la trinchera de sus actividades demuestran –para beneficio colectivo- la procedencia de sus haberes académicos y éticos.

Pero aún nos falta mucho por hacer desde adentro. En principio, la Universidad debe ser copartícipe mayormente activa en diversos renglones. Uno de ellos es la investigación aplicada. Y en ese sentido nos referimos a que la investigación que los académicos realicen debe tener un impacto social mediato/inmediato sea a través de la difusión de resultados –conocimiento que no se difunde no es conocimiento- o bien participando en acciones de gobierno y con la iniciativa privada donde se manifieste con meridiana claridad el beneficio que implica. Investigación que se guarda en los estantes no es investigación, es tiempo y recursos lastimosamente perdidos. Investigación o ejecución de proyectos sociales aislados, sin engancharla a programas de gobierno o de la iniciativa privada para potenciar beneficios, es sencillamente caminar dando el mismo paso en el mismo lugar. Caminar no es sinónimo de avanzar.

Puntualicemos. La Universidad va más allá e implica nuestro deber de involucrarnos en las cuestiones sociales no para denostar, no para señalar con dedo flamígero creyendo que con esto ya se cumple la función. Tampoco se trata de atacar o proferir palabras altisonantes en contra de las autoridades sean estatales, locales o federales. No es así como se demuestra la calidad universitaria forjadora de caracteres, de profesionalismo, de ética y de principios ciudadanos. No. Los Universitarios estamos para ser proactivos en lo que estimemos que tenemos el deber cívico de participar y donde seamos invitados para hacerlo.

Por ejemplo, los gobiernos municipales presentan innumerables problemas sociales como son la pobreza, seguridad social, desarrollo urbano, finanzas municipales, salud, educación vial, aspectos culturales, sociales, deportivos. La carga es pesada, no se pueden generar empleos públicos a diestra y siniestra –él no se puede con énfasis por favor- ni el presupuesto es infinito. Es aquí donde la Universidad tiene la oportunidad de apoyar acciones de gobierno mediante la participación directa con conocimientos, con técnica, con aprendizaje capaz de incidir en los resultados esperados. Y nos referimos a maestros y alumnos. ¿De qué sirve formular crítica sea en el aula o cualquier otro espacio si no somos capaces de contribuir con propuestas viables?

Nuestra participación debe ser entendida como compromiso. Compromiso asumido con responsabilidad y ética. Responsabilidad concebida como ciudadanía cabal y ética conceptuada como el deber de trascender con base en principios y valores sustentados en la práctica cotidiana, no en el discurso o la simple palabra.

Ser agentes de cambio, con base en la innovación derivada del conocimiento, al margen de cuestiones partidistas o golpeteo innecesario, sin sentido, sin más razón que la visceral.

El Himno Universitario de la Universidad de Sonora, en una de sus estrofas dice:

“…. Del que trabaja es la virtud, del que trabaja es el honor

Brille tu luz, luz de verdad, por siempre así Universidad”

Y esa luz del conocimiento –a la que se refiere- debe iluminar para todos, sin distingos y con mucho compromiso Social.