Alberta y Teresa
La historia de Alberta y Teresa es una de las muchas que existen en nuestro país. El de ellas difiere por la saña, prepotencia e injusticia de las diversas autoridades que intervinieron en su caso como son la PGR y Poder Judicial, lo que ha sido motivo para que Amnistía Internacional las haya declarado presas de conciencia.
El 26 de marzo de 2006 es la fecha que llevan marcada: Ese día llegaron seis agentes federales de investigación (AFI) a Santiago Mexquititlán en Querétaro y sin orden de cateo pretendieron realizar decomiso de mercancías presuntamente pirata en un tianguis. Otros afirman que eran ladrones que pretendían robarse los productos del lugar. Pero se encontraron con un grupo de comerciantes cansados de ese tipo de injusticias y de abusos. Solicitaron a los AFIs que se identificaran. Emerge la furia de los individuos por tan osada petición ciudadana. Y ahí empezó el asunto: Se armó la trifulca para derivar en que los tales AFI acusaron a los comerciantes de haberlos secuestrado. Los agentes afirmaron que estas mujeres y otros vendedores de los puestos del mercado los tomaron como rehenes durante el operativo. La única evidencia es una fotografía donde Alberta y Teresa se ven al lado de ellos. Jacinta –la tercera acusada- fue excarcelada después de 3 años de reclusión: liberada por falta de pruebas, no declarada inocente, como correctamente debió ser. Por eso no hubo –como también debió haber habido- reparación del daño para Jacinta.
Alberta y Teresa siguieron su viacrucis. Amnistía Internacional cobijó el asunto y declaró que por su condición marginal de mujeres indígenas y pobres, resultan blanco fácil de las irregularidades y deficiencias del sistema jurídico mexicano. Nosotros lo sabemos desde antes.
La PGR solicitó al juez de la causa la imposición de una pena de 40 años de prisión para las dos mujeres indígenas. Supongo que ese rigor también lo manifiesta con respecto a narcotraficantes, secuestradores y demás lacras sociales. Ja. Total que en enero de 2009 fueron condenadas y en abril de ese año se ordenó nuevo juicio. Así, El 19 de febrero de este 2010 se ratificó la sentencia del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro quien las condenó a 21 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Ah! Claro que también hubo sentencia por reparación del daño: 70 mil y 91 mil más por concepto de multa.
Alberta Alcántara Juan es una mujer que trabajaba en una fábrica de ropa en Querétaro. Parió en la cárcel a su hija, que ya tiene un año. Teresa González Cornelio hacía labores en el campo y en su casa.
El expediente de las dos mujeres otomíes está plagado de irregularidades que consistentemente se han venido denunciando: pruebas ilegales e incongruentes. Construcción documental de un delito que no se realizó en los hechos y ni por asomo hay prueba de ello. El delito mayor es el de haberse opuesto a la dicha diligencia -suponiendo que lo era- y haberle solicitado a los AFIs que se identificaran. Aunque persiste el asunto no abordado en la causa: Que eran ladrones queriendo robar mercancía. Solo hasta que se les vino encima la furia de los comerciantes argumentaron ser AFIS. Quien sabe. Ni siquiera se les proporcionó intérprete durante los procedimientos judiciales. El defensor de oficio nunca habló con ellas para explicarles sus derechos y defensa.
El caso es un vivo ejemplo de la inequidad de herramientas en la defensa, en el carácter desproporcionado de la pena y sobre todo, de las irregularidades procesales de los asuntos sometidos al Estado, por cuanto que deja en tela de duda el derecho a un juicio justo y el principio de presunción de inocencia.
Pero también es un vivo ejemplo del acontecer político mexicano, donde se dice una cosa y se hace otra. ¿De qué sirven los discursos de César Nava y Josefina Vázquez Mota que ayer pronunciaron en Sonora? ¿De qué sirve convocar a los funcionarios y empleados públicos al hacer y quehacer correcto, responsable y ético si ellos no han podido controlar a los propios? ¿De qué sirve y para que carambas sirve a la nación los pactos y acuerdos que firman los partidos políticos si no van a alcanzar para hacer justicia a tantas Albertas, Teresas, Jacintas o como se llamen pero que son al final de cuentas nuestros conciudadanos? Las buenas intenciones deben ser coronadas con resultados, no con simples afanes.
El pasado 15 de marzo el senado aprobó un punto de acuerdo que encabezó Manlio Fabio Beltrones Rivera para crear un grupo plural de trabajo que investigue probables violaciones de derechos humanos contra estas dos indígenas de Querétaro. A tres años de distancia. A tres años de injusticias, a tres años de estar privadas de su libertad, mal viviendo, sintiendo el peso de la injusticia, ahogándose en la desesperación del paso y el peso de las horas y los minutos tras una reja. Me pregunto si acaso el interés es mediático y de pasarela.
¿Qué sucedió en ese tiempo? Las tribunas se llenaron con discursos plagados de conceptos como democracia, libertad, modernización, calidad en la educación; políticos que se rasgaban las vestiduras en aras de la globalización y el desarrollo del país. Legisladores que se ufanaban del sistema jurídico mexicano, de los grandes avances y logros que hemos tenido para confort de tooodos los que aquí vivimos. 1095 días que han tenido los partidos políticos y sus dirigentes para enarbolar esta causa pero se perdieron en hacer pactos y convenios bochornosos.
Los días siguen corriendo; Alberta y Teresa siguen esperando justicia, solo justicia.
