Recientemente tuve oportunidad de asistir a un congreso internacional de la Asociación de Facultades, Escuelas e Instituciones de Derecho en América Latina (AFEIDAL) en Cartagena de Indias, Colombia.
Reencontrarme con compañeros universitarios de Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Argentina, Colombia y México, ha sido como siempre una experiencia por demás agradable. Compartir y departir con ellos durante cuatro días resulta enriquecedor tanto en el ámbito netamente académico como el de dirección. Las charlas –a veces formales y otras no tanto- se generan en cualquier lugar: desde la tribuna, las mesas de trabajo o en el desayuno. Tal vez sea en el comedor o bien el lobby del hotel. Campea el intercambio de programas, proyectos y experiencias con los profesores, los estudiantes y la interacción social comunitaria que se presenta en cada rincón de los países participantes. Como en otras ocasiones que nos hemos reunido, se plantea un tema a tratar y en esta ocasión fue la autonomía universitaria.
Cuando leí la convocatoria, el tema me pareció de entrada trillado. Pero al modo de quien esto escribe, quedo pensando (y leyendo) varios días sobre el particular y concluyo que no, que la autonomía universitaria sigue siendo tema relevante, que la dinámica social no permite conceptos absolutos ni acabados. Con ese ánimo dispuse a elaborar ponencia a presentar en aquel lugar.
No pretendo en este blog insertar todo un tratado sobre autonomía universitaria. No es ese el afán. Me quedo con que autonomía universitaria es en suma, una condición de aquello que constituye la manera de ser y sus características bajo una normatividad dada a sí misma. Claro, no existe la autonomía al 100% dado que su presupuesto es en mayor medida, proveniente de la federación, los estados y municipios. Es una autonomía política y administrativa.
Con esa acotación, ninguna universidad que se precie de serlo puede declarar o pretender ser autónomo de la sociedad. Este es un reglón que en la historia de México no se puede soslayar o desdeñar. En la Conferencia Regional de la UNESCO en 1996 se estableció que “la educación debe ser un instrumento esencial, de valor estratégico para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, el uso compartido del conocimiento y la información”
La autonomía universitaria no es encerrar a las instituciones de educación superior (IES) en una cajita de cristal donde solo se pueda apreciar lo bueno, quedando al centro, oculto, lo que no es “conveniente”. No. Tampoco es hacer lo que más plazca o gritar a los cuatro vientos el “deber ser”… sin ser ni aportar nada a la causa. ¿Qué futuro podemos augurar a las universidades si no establecemos en forma conjunta –Gobierno, Universidades y Sociedad- un plan de desarrollo sustentable? ¿Cómo validar nuestro quehacer académico más allá de la cantidad de egresados que año con año alcanzan a incorporarse al mercado laboral?
La tarea es grande pero no exclusiva de quienes laboramos en las Instituciones de Educación Superior. Construir una sociedad más justa y abierta nos involucra –lo sabemos- a todos: gobierno, sociedad civil, sector empresarial, comercial, etcétera. Pero, ¿por dónde empezamos?
Empezamos… ¡Caramba! Como si recién se hubieran creado el Estado, gobierno, instituciones públicas y privadas. Y no es que invalide lo hecho hasta ahora. Más bien es reconocer que nos falta bastante por transitar en la misma senda. No en proyectos ni programas distintos. Crear sinergia para alcanzar objetivos y metas. Las IES tenemos un peso social que rebasa con mucho el mero cumplimiento de la labor académica, su actividad sustantiva. ¿Acaso las universidades no son críticas permanentes de la actuación gubernamental? Y están condenadas a serlo, en tanto que ahí se genera conocimiento y el análisis. Pero no hay gracia ni reconocimiento en ello si la crítica se constriñe a esa sola actividad que a la larga cae en el pozo del descrédito o peor aún, en el irrespeto social.
El compromiso del gobierno debe ir más allá de la aportación de recursos financieros a las IES y sus exigencias numéricas tanto como también corresponde a las Universidades ir más allá del quehacer cotidiano. No en concepciones de cada cual. Es aportar en forma conjunta, real, alcanzable, el plus que hace falta en reglones de tecnología, ciencia, cultura, arte, salud, seguridad pública y tantos otros rubros que afectan a las comunidades.
Autonomía universitaria ¿para qué? Para hacer más y mejor. Para formar profesionistas capaces e íntegros. En términos prácticos significa que cada egresado debe corresponder en su ámbito de especialización con una cuota social que contribuya a la resolución de esos grandes conflictos que hoy por hoy se presentan en México. Dar es corresponder.
Empecemos por las comunidades. Paguemos nuestra cuota social e incluyo, claro, a los que ostentan el poder y tienen la posibilidad inmediata de generar cambios y marcar rumbos.
Empezamos… ¡Caramba! Como si recién se hubieran creado el Estado, gobierno, instituciones públicas y privadas. Y no es que invalide lo hecho hasta ahora. Más bien es reconocer que nos falta bastante por transitar en la misma senda. No en proyectos ni programas distintos. Crear sinergia para alcanzar objetivos y metas. Las IES tenemos un peso social que rebasa con mucho el mero cumplimiento de la labor académica, su actividad sustantiva. ¿Acaso las universidades no son críticas permanentes de la actuación gubernamental? Y están condenadas a serlo, en tanto que ahí se genera conocimiento y el análisis. Pero no hay gracia ni reconocimiento en ello si la crítica se constriñe a esa sola actividad que a la larga cae en el pozo del descrédito o peor aún, en el irrespeto social.
El compromiso del gobierno debe ir más allá de la aportación de recursos financieros a las IES y sus exigencias numéricas tanto como también corresponde a las Universidades ir más allá del quehacer cotidiano. No en concepciones de cada cual. Es aportar en forma conjunta, real, alcanzable, el plus que hace falta en reglones de tecnología, ciencia, cultura, arte, salud, seguridad pública y tantos otros rubros que afectan a las comunidades.
Autonomía universitaria ¿para qué? Para hacer más y mejor. Para formar profesionistas capaces e íntegros. En términos prácticos significa que cada egresado debe corresponder en su ámbito de especialización con una cuota social que contribuya a la resolución de esos grandes conflictos que hoy por hoy se presentan en México. Dar es corresponder.
Empecemos por las comunidades. Paguemos nuestra cuota social e incluyo, claro, a los que ostentan el poder y tienen la posibilidad inmediata de generar cambios y marcar rumbos.
Lo destaco por aquello de los desentendidos.
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