Ni siquiera habré de referirme a México, sino a Sonora en concreto. ¿Cuántos homicidios ha habido este año? Muchos… y los que siguen. La causa principal ha sido relacionada con el narcotráfico, lo cual no causa asombro alguno. Y he ahí el problema.
Que haya narcotráfico no es novedad, lo que de ninguna manera provoca conformidad y menos aun tranquilidad; lo que causa inquietud es que perdamos la capacidad de asombro ante tanto sacrificio humano. La vida es el valor supremo del individuo y por lo tanto el Estado debe garantizar su protección jurídica y material. ¿Cómo lograr que las personas tengan posibilidades reales y les brinde confianza para emprender, hacer, promover y buscar su desarrollo personal y comunitario?
A pesar de los esfuerzos –se reconocen- del gobierno, lo cierto es que no existe una estrategia definida y con rumbo al respecto. Se combate al delito pero muy poco se hace respecto a su prevención. ¿Acaso el orden público no es la condición necesaria para evitar sociedades desordenadas, anárquicas y gobernadas por el caos? ¿Cuántos municipios “viven” ya en esta situación? También muchos. Comunidades enteras que no entienden –porque no hay cómo- que el Estado (Federación-Estado-Municipio) olímpicamente los ha dejado al garete, ignorando el mandato constitucional de ser garante de la seguridad pública, el bienestar social y la integridad de las personas.
Me pregunto entonces cómo esperamos tener sociedades en desarrollo/desarrolladas. Atacar la delincuencia reprimiendo y sancionando a los delincuentes resulta parca actividad por sí misma. El delito es el resultado de un problema social mayor que debe atenderse en amplia dimensión. Claro que no es tarea fácil pero sí estratégica en el verdadero combate al narcotráfico y demás delitos que tanto nos agobian y laceran día a día la paz y tranquilidad social.
Prevención y vigilancia son dos funciones que por principio atañen a las corporaciones policiales. Dicho sea de paso, el patrullaje cotidiano va mas allá de recorrer calles y acumular kilómetros por turno. Implica una labor estudiada, firme, responsable y cuidadosa. Debe abarcar incluso el análisis detallado de cada sector vigilado, áreas en conflicto y demás cuestiones inherentes a ello. Portar un uniforme es asumir un compromiso, no un poder.
Mal haríamos en atribuirle toda la carga al gobierno. Queda a nosotros los ciudadanos integrarnos en esta acción que a todos nos incumbe. Nuestra colaboración se puede dar en muchos sentidos, desde la denuncia (no muy popular por cierto) hasta la participación activa formulando propuestas y sugerencias a los ayuntamientos particularmente, que es el ámbito más cercano a la población.
En este aspecto creo que ya es hora para que las direcciones de seguridad pública locales rindan informes por separado y periódicamente. Nos hemos acostumbrado (la ley así lo previene) a que sea el Ayuntamiento por conducto del presidente municipal quien aborde el tema en su informe anual. ¡Que bien sería que cada cierto tiempo las corporaciones policiacas hicieran lo propio! Dar la cara a la sociedad no es lo mismo que enviar hojas y hojas de informes que escasamente conocemos.
En estos tiempos que vivimos, toda acción gubernamental debe por ley y por conciencia ser transparente y certera. Veraz y correcta. Eficiente y eficaz en sus resultados. Si el rubro de seguridad pública es de vital trascendencia, ¿Qué impide la rendición de cuentas? Nada. ¿Qué se gana? Mucho. Para empezar, generaría confianza en aquellas autoridades que cumplan cabalmente su función o bien se corrigen rumbos y acciones. Se ganaría respeto, que tanta falta les hace por cierto.
Por otra parte queda la triste posibilidad de resignamos a que engrosen las filas de la muerte civil y de lo social para convertirnos en pueblos fantasmas, retraídos en el subdesarrollo y por ende plagada de delincuencia, malviviendo como simples testigos de otras que sí se atrevieron a dar el paso para convertirse en comunidades fuertes ampliamente desarrolladas en lo político, social, económico y productivo.
La opción la tenemos.
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