A pocos días de que tomen protesta legal los nuevos integrantes de los Ayuntamientos, sano es recordar que la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora dedica todo un capítulo para reglamentar este evento de entrega legal, administrativa y material de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio así como toda la documentación ordenada, clasificada y certificada que se haya generado por la administración saliente. Esta actividad la inicia el ayuntamiento saliente con seis meses antes de finalizar el período, bajo la coordinación del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría).
Una vez que el Ayuntamiento electo reciba la constancia de mayoría por el órgano electoral correspondiente y con un mes antes del inicio del nuevo período, se nombra una comisión mixta con igual número de representantes (saliente y entrante) para dar marcha en forma conjunta a este proceso.
El Ayuntamiento entrante contará con treinta días naturales –a partir de la toma de protesta- para solicitar aclaraciones, complementación de información y/o documentos, en fin, de todos aquellos puntos donde hubiere duda, a quien haya ocupado anteriormente el cargo de servidor público y éste está obligado a comparecer ante el nuevo Ayuntamiento a rendir las cuentas que se le soliciten. En suma, el proceso de revisión no puede exceder de noventa días, tiempo suficiente para peticionar lo que fuera conveniente en torno al ejercicio de cada una de las dependencias. Ejercicio administrativo, financiero, de cumplimiento de metas y objetivos, entre otros.
La indicada ley es puntual en este capítulo y define varias cuestiones en torno a tan importante evento para que las cuentas sean claras, transparentes y reales. Nada de pretextar después que no se entregó o no se sabe o no se conoce. Quien más interesado debe de estar en la correcta recepción es el Ayuntamiento entrante porque a partir de las cuentas que le sean entregadas es como va a rendir las suyas ante la Sociedad que lo eligió. Argumentar después lo contrario, no representa validez alguna y en todo caso, ocultar o proteger cuestiones anómalas les hace incurrir en faltas a la luz de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A los unos y a los otros.
Una modalidad interesante sería que el nuevo Ayuntamiento iniciara funciones en torno a lo efectivamente recibido y como tal, nos hiciera saber a la Comunidad bajo qué grado de avance ejecutará labores en materia de seguridad pública, educación, cultura, deportes, salud, área rural, agua potable, alumbrado público y demás rubros de interés general. En suma, que nos indique cómo recibe y bajo qué condiciones de operatividad se encuentran las distintas dependencias. Explicación que es justa para nosotros recibir y que esperamos se materialice al dar a conocer tanto el dictamen como la aprobación que de él se haga en su momento.
Más allá del discurso en el acto protocolario de entrega y toma de protesta, más allá de la recepción en papel, es verificar el estado que guarda la Administración Municipal y derivar acciones que se plasmen en el próximo Plan de Desarrollo Municipal. Sin duda resulta necesario y saludable políticamente que el proceso de entrega recepción sea transparente y público. Público Social, Comunitario, general.
De otra manera cabría la duda y el descontento al considerar que sólo fue intercambio de estafetas entre amigos más no de verdaderas responsabilidades de Servidores Públicos que se precien de serlo.
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