Algo así puede suceder a partir
de la toma de protesta de los nuevos ayuntamientos en Sonora. Y tal vez el despertar no sea agradable.
La vieja concepción de una
ceremonia de entrega-recepción que se confundía con la toma de protesta de
ayuntamientos es solo eso: vetusta y anquilosada idea.
En repetidas ocasiones hemos
abordado el tema. La Ley de Gobierno y
Administración Municipal para el Estado de Sonora refiere una serie de medidas todas insuficientes e inacabadas para este
proceso. Lo hemos mencionado en foros y
en columnas diversas. Si bien las autoridades
salientes tienen la obligación ineludible
de integrar informes financieros y
administrativos, expedientes, planes, proyectos,
estados financieros, nóminas, personal al servicio del ayuntamiento y demás documentos inherentes al ejercicio
municipal, las autoridades entrantes no se eximen de responsabilidad porque les
corresponde verificar, constatar y concluir mediante acuerdo de cabildo que lo
recibido existe, que se encuentra en las condiciones establecidas y en caso contrario actuar en consecuencia cuando signifique un
daño al patrimonio municipal, negligencias o incumplimiento de orden legal.
Con todas sus imperfecciones, la ley tiene establecidas formas y tiempos. Sin embargo vayamos a la realidad que campea en pasillos y
oficinas municipales: No existe un efectivo orden administrativo que pueda medianamente sacar del paso a nadie. Por ejemplo, no hay un control eficaz sobre los bienes muebles a
través del cual se pueda precisar la existencia o baja de los mismos. No se cuenta con inventarios físicos y a lo
más aparecen listados de adquisiciones que viene a ser un escuálido intento de
inventario… pero no lo es. Estos deben
poseer una serie de datos actualizados como son la identificación del bien, condiciones en
que se encuentra, valor,
características, ubicación, nombre del empleado
o funcionario público titular del resguardo. Estos bienes suelen ser celulares,
equipos de cómputo, vehículos, mobiliario de oficina, maquinaria, entre otros.
Los bienes inmuebles presentan
menor problema de identidad más no de destino, principalmente cuando se desincorporan
del patrimonio municipal. Habría que analizar actas de cabildo y las
argumentaciones de hecho y de derecho que se establecieron para tal evento.
Hablemos de documentos. ¿Existe un archivo que resguarde
fehacientemente la documentación y/o expedientes que durante tres años se generó? ¿Se encuentra
clasificada y ordenada? ¿Qué pasa con la información en electrónico? ¿Se
encuentra debidamente respaldada de tal manera que garantice que los entrantes
tendrán la posibilidad de acceso inmediato?
La administración municipal es un
ejercicio que día a día se realiza; de ahí el valor de documentar el trabajo, planes, proyectos y la forma
de desarrollar éstos. También es relevante porque no se entrega el ejercicio de tres años sino también la suma de todo lo
recibido en su momento por quien toca ahora entregar. De otra forma es como ir desvaneciendo la
historia y las responsabilidades.
Muchas son las razones por las
cuales es urgente una normativa reglamentaria que responda a cabalidad este proceso. La gestión municipal no puede verse entorpecida
por falta de datos o por vaguedad informativa.
No sería válido que las administraciones entrantes argumentaran una baja
productividad en sus funciones amparados en el discurso de haber tenido una recepción
fallida porque tanto falla el que entrega como el que no actúa en
consecuencia.
En justicia, hay que reconocer
que las administraciones municipales han sido rebasadas en su funcionalidad por
las demandas y necesidades sociales. El
crecimiento en la estructura orgánica ha sido en algunos casos desmedido, desordenado
y sin adecuada planeación. A lo más se planea a tres años. El asunto es que la administración municipal
perdura en el tiempo independientemente de las personas. Los esquemas de
trabajo cotidiano en oficinas y dependencias se realiza bajo el dudoso argumento
del uso y la costumbre. A ello se le suma el arribo de funcionarios
con escasa o nula capacidad administrativa y de operatividad que deriva en atrasos o entorpecimientos en atención al
usuario o gobernado. Resulta imperante profesionalizar el servicio público municipal
principalmente respecto a las titularidades de oficinas y dependencias. Habría que normar el servicio civil de
carrera en materia municipal.
Dura tarea espera a las
administraciones municipales a partir del 16 de septiembre. La expectativa social es amplia en cuanto a
desempeño, orden, responsabilidad y disciplina.
Así sea.
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