AMLO y el Fondo Minero

Fotografía tomada de Google.com

Hace apenas unas horas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral informó que él y algunos presidentes municipales de aquella entidad interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que argumenta, el gobierno federal pretende apoderarse de todos los recursos mineros que provienen del Fondo Minero para usarlo, palabras más, palabras menos, en financiar tandas de microcréditos. En su cuenta de Twitter indica que esta adjudicación no solo trastoca el espíritu y sentido con que nació, sino que lo pervierte para seguir creando mecanismos de clientelismo electoral.

Actualmente el Fondo es controlado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y según se sabe, se pretende que sea la Secretaría de Economía quien realice esta actividad. Actualmente el Fondo maneja, controla y distribuye algo así como 4 mil 500 millones de pesos anuales a distribuirse en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo tal y como lo señala la Ley de Derechos en municipios y demarcaciones territoriales de extracción minera.

El objetivo del Fondo Minero tal y como aparece actualmente en la página oficial gob.mx es tendencioso puesto que establece que es elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera, situación derivada de la reforma a la Ley Federal de Derechos que impone contribuciones de esta naturaleza a las empresas, permitiendo así la realización de obra de infraestructura social por parte de las autoridades locales y estatales. El objetivo es tendencioso porque en realidad el espíritu de la reforma de 2014 es el  resarcir el daño causado a los habitantes de los  municipios y demarcaciones territoriales mineros. Es en esencia una cuasi compensación por el deterioro ambiental que ocasiona. Extraer oro, plata, cobre, implica destruir una montaña, desaparecerla. Preguntemos a los habitantes de Cananea Sonora que hoy prácticamente tienen la mina en sus patios y centros públicos.

De una revisión realizada a la distribución por estados y municipios beneficiarios del Fondo, de los 24 que aparecen con proyectos de inversión aprobados, ni uno solo está destinado a la aplicación de recursos para el establecimiento de programas de protección ambiental o monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. Se entiende que procurar mayor pavimentación mejora ciertas áreas de la salud y que contar con lámparas de alumbrado público basados en eficiencia energética y energía renovable son aspectos que tienden a la mejora de la vida comunitaria, pero esto es a presente y a un futuro incierto.

El Fondo Minero no es un recurso económico que nos cae como maná del cielo. Es el pago o indemnización por el deterioro ambiental, llámesele como se llame el impuesto por la gran huella ecológica que se está marcando.

¿No es acaso paradójico que siendo así, no exista ningún proyecto de impacto ambiental integral  que emane de los municipios? 

Sí, existen Normas Mexicanas (NOM) relativas al Desarrollo Sostenible, sin embargo sería saludable que a nivel municipal se realizaran proyectos que nos garantizaran que tales regulaciones se cumplen en la práctica. Por ejemplo, a todos nos preocupa la Huella Hídrica, más en regiones desérticas, así que ¿Como vamos en ese rubro?

Si bien la reforma a la Ley de Derechos fue benéfica para los municipios y demarcaciones territoriales con zonas de extracción minera, lo cierto es que presenta demasiados huecos que han dado manga ancha tanto a la federación como a las entidades federativas a disponer la distribución de los recursos en cuestión. Simplemente el famoso Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras ha resultado ser un ente en el que impera jerarquía y rangos sin ninguna clase de participación ciudadana de los municipios involucrados.

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Es urgente retomar la esencia del Fondo Minero y destinar recursos al estudio del medio ambiente de las poblaciones afectadas. Nótese que quienes vivimos en zonas de extracción minera somos afectados por esta práctica. Perder ese punto es perdernos como comunidad sana, vital, en desarrollo. Las mineras así como alegremente se instalan, cantando se van, sin importar el daño causado. Tal vez no las veamos partir nosotros, pero sí lo harán nuestros hijos y los hijos de los hijos. ¿Qué clase de entorno les habremos de heredar? 

Es necesario volver la mirada a la Ley de Derechos y establecer candados que permitan destinar recursos económicos porcentuales al total de recursos destinados a las entidades federativas y municipios a fin de que se realicen estudios específicos de impacto ambiental, de suelo, aire, tierra y agua y su impacto en la salud individual, gregaria y comunitaria, bajo una amplia participación ciudadana, raíz de toda actividad que se pretenda realizar o ejecutar.

Me resisto a pensar que el césped artificial que se instala en tantos espacios públicos, sea la respuesta de la autoridad al daño ambiental que a cada minuto se está causando.