Cosas de Reyna

El gobierno que viene. Estatal y Municipal

 


Sonora tendrá –una vez más- la oportunidad sexenal de dar un giro positivo en términos de administración pública estatal y municipal. Afirmo que una vez más porque en el pasado reciente y el no tanto, los gobiernos se han caracterizado por engrosar cada vez más la nómina burocrática a través de distintos mecanismos, unos más frívolos que otros. Desde contrataciones por honorarios hasta plazas cuya justificación sencillamente no se entiende, o, peor aún, creando estructuras administrativas adicionales que al final de cuentas solo sirven para generar empleos a los allegados o con quienes se tiene compromiso, cualquiera que sea la interpretación de esta palabra.

Ante el panorama tan incierto que tenemos en materia de salud y por ende con impacto en todos los ámbitos, empresarial, comercial, turístico, de servicios, educativo, etcétera, no queda otra más que, ahora sí, transparentar no solo el ejercicio de la actividad gubernamental en su conjunto, sino cuántos y qué hacen todos y cada uno de los funcionarios y empleados estatales y municipales, con miras a evaluar la productividad, eficacia y eficiencia de las actividades que realizan. Basta de servidores públicos que solo se pasean por los pasillos con sendos expedientes de nada, solo para aparentar una ocupación real que sencillamente no tienen. Aplica para la administración directa, paraestatales y paramunicipales.

Basta de asesores cuya existencia no se justifica dado que los propios funcionarios deben ser por su propia naturaleza, los mejores asesores.  Por separado y en su conjunto.

No, estas administraciones públicas nuevas no tendrán el mismo panorama de antaño. Tampoco podrán actuar en la inercia de los anteriores. El desafío es grande, enorme. La peor parte la han llevado los municipios estos dos últimos años bajo el azote de la pandemia; queda claro que hubo ayuntamientos que verdaderamente se aplicaron incluso con sus propios recursos para sacar adelante las necesidades más apremiantes. Esto implica a la vez, la pertinencia de elaborar un análisis puntual de los rubros que se consideraron en los planes de desarrollo actuales para incorporar y/o reforzar aquellos que la comunidad sigue demandando aunado a la visión de quienes integrarán los nuevos ayuntamientos.

 Es aquí donde entra la necesidad de contar con perfiles adecuados, con experiencia, con capacidades y habilidades para ser designados como funcionarios públicos. Es aquí también donde puede iniciar una verdadera reingeniería administrativa, objetiva, funcional, austera y de resultados. Una reingeniería que inicie por los qué debe hacerse y cómo, a partir de las leyes y reglamentos, bajo una perspectiva de hacer más con menos. Aún no termino de comprender cómo es que, con tantos sistemas operativos tecnológicos, con tanta inversión en la materia, se sigue contratando más y más personas.

Por otra parte, tenemos la existencia de la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora que entre sus funciones está la de eliminar obstáculos innecesarios a empresas y ciudadanos, eliminar la discrecionalidad de los funcionarios y optimizar el quehacer gubernamental. Es claro que la política debe ser la austeridad y agilidad en el ejercicio mismo de la función pública, no en la asignación de recursos para los distintos programas de desarrollo. Se trata de revertir el 90/10, donde el 90 significa pago de nómina y el 10 –si acaso- a los programas gubernamentales. Así sencillamente no se puede avanzar.

 Así las cosas, en diciembre de 2019 entró en vigor la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, la cual tiene como objeto establecer pautas para regular las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público estatal y municipal, así como coadyuvar a que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Entre otros destacados aspectos, se advierte la prohibición de la duplicidad de funciones. También se establece la optimización de estructuras orgánicas y ocupacionales en todos los niveles y categorías, en tanto la creación de nuevas plazas deberá estar plenamente justificada. Insisto entonces en esa reingeniería administrativa no solo para evitar la duplicidad en cuestión, sino la simulación que campea en muchas dependencias.  

Pese a lo útil y necesaria de esta ley, considero que una administración saneada desde su origen, desde su estructura misma, con pilares sólidos, puede ayudar mucho a la optimización de recursos, a que los programas gubernamentales cuenten con los debidos apoyos económicos y que no se dispersen en pagos de nóminas, honorarios y gastos operativos innecesarios.

De otra forma, seguiremos teniendo ese aparato gordo, obeso, lento, ineficaz e ineficiente con una ley de austeridad aplicada a medias, como las dietas fallidas- 

 

 

 

 

 

 

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