Cosas de Reyna

Y ahora… la segunda curva

Si algo debemos conservar en estos momentos el colectivo nacional es la memoria histórica. Estoy cansada de tanto sexenio fallido para la mayoría de los mexicanos y exitoso para un reducido número de privilegiados del club de la corrupción, de la impunidad y la ignominia; estoy hastiada de ser depositaria obligada a pagar deudas públicas generadas por gobiernos corruptos que con mucho, han afectado proyectos de vida y carrera de miles, si no millones de mexicanos que para rematar nos vemos obligados a contemplar imágenes de niños millonarios hijos de papá corrupto que alegremente juntos o separados pasean por el mundo exhibiendo sus aviones, bolsos y ropa de marca. 

Estoy harta de eso. 

Por eso y más me encuentro sumamente interesada en las medidas que el gobierno federal está implementando primero en lo sanitario y después en la consecuente recuperación económica. Me rehuso a vivir la segunda parte de mi vida soportando, lamentando y pagando deudas ajenas y/o para que unos cuantos se llenen las bolsas en tanto nosotros no hemos podido ni siquiera asegurar los términos exactos de jubilaciones dignas y porque pienso en los que vienen atrás de mi generación. Lo menos que podemos hacer es allanarles un poco el camino. Porque ¿cómo sostener un plan de vida personal si al final de cuentas está sujeto al sexenio en turno cuyo ejercicio en el poder nos ha llevado cada vez por distintos derroteros? 

Apenas el domingo pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo, enfocado en hacer frente a la crisis que se está generando por la pandemia del Covid-19 así como la dramática caída de los precios del petróleo. Enunciativamente el programa contempla la creación de 2 millones de empleos en nueve meses, apoyar con 2 millones de créditos a pequeños empresarios, reducir salario y eliminar aguinaldo a altos funcionarios gubernamentales federal, conservar estímulos a los precios de las gasolinas, reembolso inmediato a los contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA), y mantiene en firme sus varias cerezas del pastel: la construcción del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.

De los variados tintes de crítica hacia este programa destacan el no rescate de empresas y bancos, así como no convertir las deudas privadas en deuda pública, los no privilegios fiscales, cero gasolinazo,todos estos rubros en los que tenemos francas historias de terror que impactaron de la misma forma a millones de familia y miles de pequeñas y medianas empresas. 

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, inconforme con el programa de reactivación de AMLO, convocó a las organizaciones sociales, sindicales, y organismos, a integrar un Acuerdo Nacional a favor de México con el ánimo, se dijo, de enfrentar la pandemia del Covid-19 y salvaguardar el empleo, los salarios y el ingreso de las familias. Para ello proponen cinco medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) como es que las grandes empresas acojan a un negocio pequeño; realizar compras adelantadas aunque la mercancía se reciba después, pagar a proveedores en un lapso no mayor de 30 días, generar una plataforma de factoraje y la no penalización evitando un periodo de sanciones contractuales entre particulares. 

Sin embargo no recuerdo un momento en el que las grandes empresas no hayan utilizado como escudo a las MPYMES como plan perverso para alcanzar sus propios fines.

Por otro lado, si los grandes empresarios buscaban condonación de impuestos, esto no será posible gracias a la reciente reforma constitucional contenida en el Artículo 28 que prohibe condonaciones y exenciones. En realidad esta reforma es un blindaje gubernamental cuyo fondo fue un pantanal sexenio tras sexenio. Por eso la insistencia en que la memoria colectiva no se pierda o difumine.

Así las cosas, los mexicanos nos encontramos ante dos polos -uno público y otro privado- que no logran conciliar entre sí para la recuperación económica que se viene.

Nos hemos enfocado en una parte del problema que naturalmente es el de mayor relevancia: reducir significativamente la velocidad del contagio del Covid-19 para evitar que los hospitales colapsen con la consecuente pérdida de vidas humanas que matemáticamente expertos han calculado. Las medidas de contención para aplanar la curva del contagio han sido duras pero necesarias. Ahora bien, el confinamiento implica que alguien o algunos deben asumir esos costos económicos. ¿Es responsabilidad exclusiva del Estado o del gobierno hacerlo? O peor aún, ¿Tiene el Estado la capacidad económica suficiente para afrontar una pandemia que por definición es impredecible?

¿Qué está pasando con una gran cantidad de personas que no tienen empleo o que viven el día a día con sus ingresos? ¿Qué con las MPYMES, con los bancos?

Sucede que así como cada día analizamos el índice de contagios por este virus que nos está atacando, (visualizado a través de una imagen de campana con la cual estamos cada vez más familiarizados), también tendremos que considerar la otra campana, la otra curva que es la económica, como una realidad que está ahí, por dura que sea como lo afirma Richard Baldwin, experto en la materia y académico de las universidades de Oxford, Massachusetts y Columbia quien insiste en que no hay una disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía pues es un falso dilema. Uno le sigue al otro.

El caso es que seremos contagiados por el virus y/o lo seremos por la crisis económica. 

Es aquí donde el gobierno está obligado a tener una firme política de rescate para proteger la economía. En algún momento, en algun punto en el tiempo la curva del Covid-19 se va a aplanar, eso es una verdad absoluta. ¿Qué haremos entonces? Miles de personas sin empleo, cientos de empresas cerradas, economías familiares colapsadas, proyectos de inversión tirados al caño junto con miles de empleos que no llegaron a ser. Egresados de Universidades con título en mano tropezándose unos con otros, planes de vida y carrera en la zozobra.

Si las políticas de aplanamiento de la curva sanitaria se exponen día por día tanto por el presidente AMLO como por el subsecretario de Salud López Gattel, como prioritariamente corresponde, se insiste en que las políticas de rescate económico no deben quedar atrás. Francamente no estamos preparados en México para dos crisis consecutivas y sobre este tenor el gobierno y cúpulas empresariales, bancarias, industriales y demás, deben trabajar de la mano.

Trabajar de la mano, no a manotazos ni gasolinazos ni rescates millonarios para que como antaño, con la complacencia de gobiernos nefastos en conjunto con grandes empresarios se creen organismos como  el patético Fobaproa de 1990 (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) en el que la mayor cantidad de los recursos (60%) fue para el rescate bancario, con un impacto del 14.5% del Producto Interno Bruto; aquella deuda la seguimos pagando los mexicanos gracias al ex presidente Ernesto Zedillo quien convirtió en pública las deudas y obligaciones de las empresas, aunque la corrupción y el desaseo en estas medidas financieras iniciaron con otro ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, autor intelectual del dichoso Fondo.

El cambio de paradigma en las actuaciones gubernamentales es vital para que los mexicanos tengamos credibilidad, no hay lugar a equivocaciones ya que la pandemia exige la aplicación de grandes recursos económicos que se obtendrán precisamente de la recaudación fiscal, de algunos fideicomisos públicos (pasada esta etapa será necesario que se transparente el ejercicio de estos), reducción del gasto corriente de los tres órdenes de gobierno, que los quince grandes empresarios morosos cubran los cincuenta mil millones de pesos que le deben al SAT, entre otras acciones a implementar sin demora.

El no contraer deuda pública y tener considerada esta opción como último recurso es algo positivo para la estabilidad económica. Cualquier otro en el pasado hubiera corrido a arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de apretarse el cinturón o de exigir lo que se adeuda al SAT. 















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