Cosas de Reyna

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La ambición de quererte


 

El título de la presente columna invita a pensar que desbordaré en palabras sobre algún amor pasado, presente o futuro. O una conjugación en tres tiempos. La broma es inevitable. Corre por mis venas. Pienso en cómo narrarían a partir de este título mis admiradísimas Isabel Allende, Elena Garro, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel o la gran Pita Amor, a quien aún me duele no haber conocido y conversado. Somos de épocas distintas.

 

El concepto ambición en México ha tenido a través del tiempo una connotación negativa. Si se trata de mujeres, se le agrega un tinte peyorativo, como si fuera algo malo o indebido. ¿Se han dado cuenta que incluso hasta el tono de voz cambia cuando se dice que tal persona es una mujer ambiciosa? A veces lo comparo con un vestido con el que te sientes divina pero que al salir de casa te señalan cientos de personas a las cuales no les gusta. Y es entonces cuando escoges. O regresas a casa, cambias por una prenda más modesta que pase inadvertida o bien continuas caminando porque esa persona eres tu y solo tu, vestida para el éxito sabedora que implicará horas y horas de estudio, trabajo, disciplina, retos y más retos.  Lo paradójico es que existe una exigencia  de hacer todo esto, pero no te atrevas, mujer, a ser ambiciosa. ¿?  Y he ahí a millones de personas humildes, cuyas alas fueron cercenadas  desde su nacimiento pese a tener altos coeficientes intelectuales porque la enseñanza fue no seas ambicioso (a).

 

Por otro lado, cuando se dice que un hombre es ambicioso la cosa cambia un poco… o un mucho. Se percibe como una persona de éxito o en busca de él. Cosas de la sociedad mexicana que debemos cambiar ya. En otras latitudes, ser una persona ambiciosa -hombre o mujer-le agrega valor como tal. 

 

Ambición, según la Real Academia Española, es el deseo ardiente de conseguir algo, es una cosa que se desea con vehemencia. No existe aquí esa negatividad que la sociedad le ha endilgado al término. El asunto sería distinto si esa ambición es de mala fe, la codicia o avaricia.Y no nos estamos refiriendo a ello.

 

Aseveré en el titulo una ambición de querer. Pero no me refiero a esas querencias de personas. Me refiero a la querencia por el lugar que habitamos, en el que hemos desarrollado nuestra vida, profesión, familia, amistades. De nada serviría querer sin hacer. Así que cuando fui invitada para contender por una regiduría, no dudé en aceptar. Me declaro, sí,  ambiciosa de querer al municipio donde vivo. Después de tantos años de desempeño como profesora universitaria impartiendo clases de derecho administrativo, municipal y otras, después de haber laborado otros tantos años dentro del poder judicial más la experiencia administrativa adquirida en diversos cargos, honestamente considero que tengo el deber de aportar a la cosa pública todo aquello que vaya para y por bien de la comunidad. 

 

Esta figura, como parte integrante de un ayuntamiento conformado por presidente, síndico y regidores de mayoría relativa, representación proporcional y étnico, reviste particular importancia y va más allá de la asistencia a sesiones de cabildo y participación en comisiones de trabajo. Si bien la ley municipal respectiva establece una serie de funciones y atribuciones, quisiera destacar que esta actividad administrativa-política está con mucho, sujeta a la capacidad de cada uno de sus integrantes, y no necesariamente es a partir de un título profesional que si bien es importante no es garantía del buen hacer público, ni de sensibilidad social ni de eficiencia.


Así que ahí voy. A partir del 16 de septiembre de 2021, formal y materialmente, con la solemnidad de la toma de protesta, ocuparé junto con los demás compañeros el cargo de regidora por el periodo 2021-2024. Sin duda habrá mucha actividad que realizar y decisiones colegiadas que tomar. En este sentido quisiera subrayar que cada administración municipal y ayuntamiento tiene su propio estilo de trabajo y es apenas cuando una persona se encuentra sentada detrás del escritorio cuando advierte y dimensiona los problemas que atañen como es el caso, al municipio. El punto es cómo se resuelven y atienden los diversos problemas y demandas sociales, trabajando a la par con un plan de desarrollo visionario, de largo alcance.


La responsabilidad es amplísima y espero que tanto los compañeros integrantes del ayuntamiento como todos y cada uno de los funcionarios y empleados públicos apliquemos  el  máximo esfuerzo, máximas capacidades, competencias y habilidades en el ejercicio transparente de la función pública. Hoy por hoy, la exigencia es cada vez mayor tanto legal como socialmente. Y no, no hay tiempo para ensayos. 


 

 

 

Reelecciones municipales en Sonora Primera parte



Imagen tomada de Google.com
Aún permanecemos en alerta respecto a la Pandemia SARS-COVID-19 de la que a la postre tanto la federación, como estados y municipios deberán realizar un detallado informe a la comunidad sobre las acciones reales y efectivas que cada orden de gobierno desplegó, los resultados obtenidos por sí y los derivados en coordinación con aquellos, cuando ya tenemos encima el calendario electoral que iniciará en septiembre de 2020. El tiempo vuela.

Luego, habrá que analizar los informes municipales del próximo 16 de septiembre los que seguramente tendrán un alto sesgo hacia el combate a la pandemia SARS-COVID-19. Se entiende el  esfuerzo denonado que muchos ayuntamientos y presidentes municipales están realizando. Pero hay otros que francamente no han tenido mayor actividad que alguna que otra declaración insulsa. El grado de responsabilidad y compromiso es fácilmente medible respecto a las 72 administraciones municipales, incluso con la falta de cuidados sanitarios de muchos ciudadanos.

Al corto plazo, los 72 ayuntamientos municipales serán puestos bajo la lupa y lo saludable es que cada uno de ellos transparente todas y cada una de las acciones, programas, tareas, encomiendas realizadas durante estos más de hasta hoy, cuatro meses, máxime que todas tuvieron acceso a redes de información que habrían de facilitar mucho del trabajo que presencialmente se hacia en la anterior normalidad. Como se estableció desde el principio, no eran vacaciones y sobre esto tambien tendrán que brindar resultados. 

Si bien la pandemia no era un fenómeno esperado, sí puso a prueba el carácter, el liderazgo, la creatividad, el grado de responsabilidad de los munícipes. Ahora tenemos enfrente las elecciones o reelecciones municipales. Esto es de suyo interesante. 

Veamos algunos datos básicos legales: La Constitución Política Mexicana establece en el artículo 115 la posibilidad de la elección consecutiva de aquellos que hayan sido electos popularmente por elección directa de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional de 3 años sin exceder de seis, lo que retomó la Constitución Política del Estado de Sonora en los artículos 131 y 133.

El artículo 131 se refiere a las reelecciones de presidentes municipales, síndicos y regidores que hayan sido electos popularmente por elección directa (a través del voto libre, directo, secreto) así como de aquellas que lo fueron por elección indirecta o por nombramiento o designación, o bien de quienes hayan accedido al cargo mediante candidaturas independientes en cuyo caso solo podrán ser electos de manera consecutiva por la misma vía independiente sin que puedan ser postulados por algún partido político o coalición.

El artículo 133 a su vez, indica que, en el caso de postulaciones, solo podrán ser realizadas por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado inicialmente (2018), salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Ahora bien, para poder acceder a la posibilidad de ser candidato a puesto de elección popular, no se debe tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se separe noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. Esto último abarca un muy amplio abanico de posibilidades que no estoy segura de que sea algo saludable. Habría que profundizar en esta parte en columna posterior.

La reelección municipal es una figura que apenas en el 2021 habrá de tener vida real, es decir, en los hechos. Para empezar, existe un candado viejo y oxidado ya que en México opera un sistema electoral que está en manos de los partidos políticos y la figura de las candidaturas independientes es nueva. Mal inicio. Esto implica que si existen administraciones municipales deficientes que deseen reelegirse, tienen a su disposición recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos. ¿Cómo el ciudadano va a distinguir la casi transparente línea entre la actividad municipal del trienio en cuestión con el ejercicio soterrado de promoción de imagen del presidente, síndico y regidores para una posible reelección?

¿Qué contrapesos reales existen al interior de los ayuntamientos para que la vigilancia del quehacer municipal sea la que se debe imperativamente realizar, sin desvíos políticos? 

 Las autoridades municipales argumentarán que es en atención al cumplimiento de los planes de desarrollo y no se duda en que así pueda ser. La cuestión son los efectos que se pretenden en el ánimo del electorado y la intencionalidad de quienes buscan la reelección; la forma en que se promueve la imagen, los tiempos en que las obras se concluyen, las inauguraciones de obras, proyectos y programas con una sospechosa coincidencia con el calendario electoral, entre otras cuestiones. La suspicacia está a flor de piel pese a que una de las bases de la reelección fue el establecer este mecanismo para evitar conductas no apropiadas de los gobernantes de elección popular durante el tiempo de su encargo.

Pienso que en este sentido se trató de proteger un ejercicio saludable del trienio de que se trate, a raíz del desencanto ciudadano de constatar una y otra vez que los funcionarios cambian de nombre, pero las acciones nocivas y la corrupción son las que campean en las oficinas. El asunto es que no se blindó de bien a bien el tiempo entre el ejercicio de la actividad gubernamental municipal (aunque igual sucede con diputaciones y senadurías) y el tiempo que transcurre durante el momento del registro para una probable reelección y la continuación del ejercicio del poder dado que los munícipes permanecen en su encargo. El escenario es simple: Continúan como presidentes municipales, síndicos y regidores cumpliendo el período de su encargo y a la vez son candidatos para reelección, si así lo hubieran solicitado y aprobado el órgano electoral correspondiente.

La situación no es sencilla. Máxime que como arriba se señala, los contrapesos escasamente existen. Una gran parte de responsabilidad la encontraríamos en los regidores de representación proporcional, pero la mayoría relativa se encuentra en otra parte.

Los partidos políticos escasamente han sacado la cabeza. Quizá en una o dos acciones de ciertos municipios que por su complejidad y cantidad de habitantes han provocado discrepancias y movimientos políticos ciertamente tibios, pero no han trascendido grandemente. En esta época de pandemia del SARS-COVID-19, cuando los partidos políticos debieran estarse pronunciando, generando ideas, proveyendo insumo intelectual, fomentando entre su electorado - ¡vaya! - el seguimiento de los protocolos de salud, ha dejado a sus militantes y simpatizantes a la deriva. Aunque suene tétrico y fatal, el padrón electoral es, con mucho, la constancia fehaciente de fallecimientos que tal vez no debieron ser. La depuración de este documento se antoja francamente dolorosa habida cuenta de la pandemia. 

¿Cuánto del presupuesto que tienen asignados los partidos políticos se habrá destinado a campañas de concientización en torno al Covid? Al parecer, la mayoría simplemente se cruzaron de brazos. 

Me pregunto con qué discursos habrán de convencer a los votantes durante la época de elecciones. Con qué palabras tratarán de llenar el vacío presencial que tienen ahora. Ahora que se requiere el apoyo de ellos hacia el electorado. ¿Cómo solicitar el apoyo de sus militantes y simpatizantes a la vuelta de pocos meses? ¿Qué aviesas fórmulas habrán de utilizar? Se toparán con una ciudadanía muy lastimada desde el Covid, falta de empleo, desempleo, crisis económicas familiares, proyectos de vida truncados, jóvenes estudiantes que desertarán de las escuelas porque primero es buscar el sostenimiento económico familiar.

Los partidos políticos en general ni siquiera se encuentran realizando una evaluación seria y objetiva de los planes de desarrollo municipal ni existe una participación ciudadana que permita hacerlo. Y ambas son necesarias. Cuando se presentaron los Planes de Desarrollo Municipal, nadie preveía que se nos venía una pandemia que requeriría esfuerzos extraordinarios de los ayuntamientos, estados y federación. Esta última primero asumió el mando general para al final regresar la competencia a estados y municipios. Al menos para los municipios ha sido una experiencia apenas sostenible: los recursos económicos con los que cuenta son escasos, las necesidades sociales no acaban y la exigencia del cumplimiento del plan municipal de desarrollo no para.

¿Qué elementos tendrá el electorado para tomar decisiones a la hora de emitir su voto? A nivel mundial, en las reelecciones un aspecto fundamental es el voto razonado a partir de la información precisa que exista sobre el desempeño municipal, la transparencia en el ejercicio del poder, la rendición de cuentas, las auditorías abiertas, el acercamiento ciudadano a las sesiones abiertas de Cabildo, la transparencia en el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, en fin, de toda aquella información que muestre y demuestre honestidad, rectitud, responsabilidad y que sobre todo genere confianza ciudadana. Esto se logra en el transcurso de los tres años, no a partir de un vertiginoso calendario electoral.

En la segunda parte de esta columna, abordaremos un tema complementario a este y que puede brindarnos algunos aspectos interesantes sobre el ejercicio del servicio público en épocas de reelecciones. 

Al final de cuentas, la libertad que a simple vista parece que favorece a quienes pretenden una reelección, no es ni simple, ni sencilla, ni segura. Lo analizamos mañana. 



Otros vientos para el endeudamiento municipal

Foto tomada de Google.com
El nivel de endeudamiento de las entidades federativas y municipios es tema que debe ocuparnos en forma permanente.   La historia relata -en contrario-  que es hasta que han concluido las administraciones públicas cuando la ciudadanía  da paso al interés, al conocimiento, al asombro y en mayor cantidad, a las decepciones por los malos ejercicios financieros. Las deudas públicas estatales y municipales se han ido heredando sin que ninguna autoridad se haga responsable de ella y en todo caso se  ocupan en hacer énfasis sobre la elevada cartera vencida recibida al inicio de sus funciones.  El siguiente paso ha sido  un mayor endeudamiento para estar en capacidad de atender las necesidades de la población.  El círculo parece no terminar nunca.

Aunado en gran medida a la anacrónica opacidad en las finanzas públicas, el problema de los altos niveles de endeudamiento tiene su origen tanto en factores estructurales como en aspectos políticos que sustancialmente han sido los que definen la contratación de la deuda pública.    La recaudación-ley es medianamente aceptable en tanto que la deuda pública, si bien es una herramienta útil para financiar proyectos y planes de interés general, lo cierto es que el abuso, la ineficacia, el desconocimiento y la falta de una adecuada planeación acarrean  problemas económicos en el mediano y largo plazo.  Hoy por hoy el endeudamiento de los estados y municipios representa el 3.1% del PIB.[1] Según cifras de la  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el 51% de la deuda municipal está con la banca comercial; 42% con la banca de desarrollo y el restante con sociedades financieras de objeto limitado y objeto múltiple.

Algo está sucediendo.
Con mucho, cada municipio encierra una historia financiera que necesariamente impacta tanto a la presente como a las siguientes administraciones.  Cada una con  haceres distintos, capacidades diversas, y formas particulares  de administrar la cosa pública.   Los informes de gobierno relatan las inversiones en obras, infraestructura y cuestiones sociales pero escasamente brindan resultados que impacten en indicadores para la mejora de la gestión.  La utilización de indicadores como  herramienta indispensable para un primer diagnóstico del grado de atención/desarrollo de un municipio, permite instrumentar un plan de mejora con enfoque preciso y por ende, con recursos financieros debidamente justificados,  pero a pesar de sus bondades, la reticencia gubernamental principalmente de los municipios sigue en pie aunque no por mucho tiempo ya que la ley en comento  exige que todo plan de desarrollo estatal y municipal se base en objetivos, estrategias e indicadores de desempeño que sean cuantificables y medibles.  Quien esto escribe tiene años pugnando porque así sea y en diversos foros hemos establecido la pertinencia de hacerlo.

Por eso y más se recibe con sumo beneplácito la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, promulgada el pasado 27 de abril por el Presidente Enrique Peña Nieto.  Esta nueva norma brinda mucha tarea a las administraciones gubernamentales quienes obligatoriamente  deberán asumir nuevos comportamientos porque establece reglas de disciplina hacendaria y financieras que van en pos de gobiernos responsables, transparentes, eficaces y eficientes en el manejo de sus recursos.

Entre otras cosas, de manera novedosa se establece el Sistema de Alertas que a partir del mes de abril de 2017 estará monitoreando los riesgos de endeudamientos en tres niveles: sostenible, en observación y elevado, con restricciones y candados muy específicos para evitar el sobre endeudamiento, obligando además a suscribir convenios de responsabilidad hacendaria.   Se regula la contratación de deuda y obligaciones al menor coste financiero con obligación de publicar en portal oficial la contratación de deuda -entre otros aspectos- así como  definir y publicar con claridad y precision los beneficios que se alcanzarán con la deuda contraída.

La novel ley define la existencia del Registro Público Único para inscribir y transparentar los financiamientos y obligaciones; tratándose de deuda a corto plazo, ésta se deberá pagar antes de tres meses  de finalizar la administración en turno en tanto se prohíbe la contratación de nueva deuda durante el mismo lapso final.   Los pesimistas dirán que el popular y conocido año de hidalgo se reduce a nueve meses.

En el caso de las iniciativas de Ley de Ingresos y proyectos de Presupuesto de Egreso que anualmente deben presentarse ante los congresos locales (para su aprobación se requerirán las 2/3 partes del total presentes)  existe obligación de  cumplir algunos requisitos como es el estar basados en el plan de desarrollo estatal y federal,  establecimiento de indicadores  de desempeño –como arriba lo mencionamos-  tomar en cuenta los Criterios de Política Económica de la SHCP a fin de que tenga concordancia con las normas fiscales relativas a entidades públicas, inclusión  de resultados presupuestarios de los últimos tres años y el del ejercicio fiscal en cuestión,  estudio de pensiones de los trabajadores municipales, proyección de finanzas y otros tantos mas que advierten en suma, que los  ayuntamientos  dejan de ser  entidades  recaudatorias domésticas y de recepción de recursos vía estatal o federal  para transitar hacia un modelo gubernamental que responda con eficacia y eficiencia en resultados medibles que verdaderamente indiquen consistencia, crecimiento, congruencia, constancia y desarrollo sostenible.





[1] http://www.gob.mx/shcp/articulos/

Votar o no votar el uno de junio